En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguen el rastro de un grupo de empresas, sus accionistas y una presunta campaña de desprestigio contra la institución y contra el general secretario, Luis Cresencio Sandoval. Sobre la información divulgada en torno al departamento del titular de la dependencia y los viajes de sus familiares al extranjero se considera que solamente pudo surgir desde el interior de las Fuerzas Armadas, por lo que en los últimos meses se ha reestructurado el equipo cercano al alto mando.
Los cambios impactaron los procesos de compra de la Sedena y pusieron fin a la bonanza de un grupo de empresas que acumularon en los últimos años contratos por casi mil 700 millones de pesos, vinculadas con la empresaria Anna Viesca Sánchez y a su esposo Carlos Prats García. Ambos personajes también son investigados como parte del grupo que participó en las filtraciones.
Las razones sociales investigadas son Bercale Services SA de CV, Avacor SA de CV y Grupo Servicorvel SA de CV, las cuales no tenían experiencia como contratistas de la administración pública federal y, de la noche a la mañana, se colocaron como proveedores especializados de equipos de alta seguridad.
A partir de los cambios realizados al interior de la Sedena, las ventas del grupo empresarial de Anna Viesca y Carlos Prats se fueron a pique: Avacor pasó de vender al Ejército unos 632 millones de pesos en 2022 a solo 10.3 millones de pesos en 2023; por su parte, el Grupo Servicorvel paso de 180.5 millones el año pasado a 7.8 millones de pesos.
Asimismo se revisa cada uno de los contratos que se entregaron a estas empresas en el pasado, como resultado de diversas denuncias presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República.
En dichos contratos abundan situaciones de sobreprecios, retrasos o incumplimientos en las entregas. Avacor fue señalada por la ASF de vender, entre muchas otras cosas, colchones con un sobreprecio mayor al 30% a la Sedena; también se retrasó cuatro meses para entregar 71 mil fornituras con un valor de más de 197 millones de pesos.
En lo que respecta a Grupo Servicorvel, se le rescindió un contrato con el gobierno federal por no entregar más de 9 mil 700 rodilleras y coderas de alta seguridad. Asimismo, esta empresa no suministró –en los plazos que marcaba la licitación– más de 10 mil chalecos antibalas, cuyo contrato superaba los 167 millones de pesos.
Se tiene información sobre que, frente a la nueva estructura en las Fuerzas Armadas y ante el avance de las investigaciones contra sus razones sociales, Anna Viesca y Carlos Prats buscan mantener presencia en los contratos de Sedena a través de una sociedad con el empresario Pedro Javier Quintana Yáñez, cuyas empresas familiares obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El objetivo de la investigación, además de detectar y sancionar los actos de corrupción que se cometieron con el presupuesto de la Sedena, es probar que la pareja de empresarios y su nuevo socio, Pedro Quintana, estuvieron involucrados en la campaña negra contra el general secretario y la Sedena. De ahí, el siguiente paso será confirmar que estos contratistas tuvieron como apoyo y patrocinador a una célula interna.
