Dice el viejo refrán que “en arca abierta, hasta el justo peca” y eso es lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas mexicanas, marcadamente en el Ejército mexicano donde la acumulación de funciones civiles, negocios millonarios y presupuestos históricos para la Secretaría de la Defensa Nacional, que les ha dado a los militares el presidente López Obrador en este sexenio, empieza a provocar preocupación e incluso denuncias soterradas y señalamientos de corrupción entre los altos mandos de la institución castrense.
Porque al final, aunque tengan una férrea disciplina y una estricta ética militar de lealtad y compromiso con el país y con los presidentes en turno, los militares de cualquier rango son al fin seres humanos y la condición humana siempre es frágil cuando se le coloca ante tantos recursos económicos como los que ahora están generando y administrando el Ejército y la Marina con el manejo de aduanas federales, puertos mercantiles, 14 aeropuertos nacionales e internacionales, hoteles en destinos turísticos, el Tren Maya que, aún sin terminar, empieza a funcionar; la aerolínea Mexicana de Aviación, el manejo de islas que funcionan como parques turísticos, entre muchas otras tareas, empresas que dan un total de 241 asignaciones que, según un estudio reciente del CIDE, les ha entregado el actual gobierno a las Fuerzas Armadas bajo el criterio de que “ellos son honrados y todo lo hacen bien”.
Más allá de las dudas que aún genera entre expertos financieros y analistas si la dos instituciones militares tendrán la capacidad y los conocimientos necesarios para operar negocios tan complejos como una empresa de aviación, el manejo y la administración de aeropuertos o la operación de un tren turístico que funcionará como empresa pública, y de la competencia desleal que pueden representar para la iniciativa privada las empresas militares que reciben subsidios, tarifas y tratos preferenciales por parte de las leyes y del gobierno, está también la preocupación de que si fracasan los negocios y las empresas administrados por los militares, que al final no están capacitados para el manejo financiero de empresas, al final sean los contribuyentes mexicanos los que tengan que pagar el costo de esa militarización del gobierno, porque se tenga que rescatar a todas esas empresas militares con recursos públicos, en una especia de Fobaproa para las Fuerzas Armadas.
A todo eso hay que añadir que la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de los miles de millones de recursos públicos y de los impuestos de los contribuyentes que se están invirtiendo en los negocios y empresas manejadas por la Sedena y la Marina, no son el fuerte de las Fuerzas Armadas y difícilmente los mexicanos, y ni siquiera los órganos de Fiscalización de las finanzas públicas, como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, podrán tener acceso a los estados financieros de todas esas empresas públicas porque en la mayoría de los casos se argumentarán “razones de seguridad nacional” para no informar sobre los manejos de recursos del erario federal y los ingresos, en algunos casos millonarios, que obtendrán los negocios administrados por las fuerzas castrenses.
Un buen ejemplo de lo que puede pasar con tanto dinero ingresando a las arcas llenas del Ejército, es el recién inaugurado aeropuerto Internacional de Tulum, que para colmo de la militarización también fue bautizado con el nombre de otro general mexicano “Felipe Carrillo Puerto”. Apenas inició operaciones el pasado fin de semana, con la presencia del Presidente, y el nuevo aeropuerto, planeado por décadas y que pedían en concesión grupos aeroportuarios privados como el Grupo Aeroportuario del Sureste, del empresario Fernando Chico Pardo que ya opera el aeropuerto de Cancún, y el nuevo aeropuerto ya tenía solicitudes de aerolíneas estadounidenses para volar a sus instalaciones.
Y es que la ubicación del aeropuerto de Tulum es tan estratégica que se convertirá en un negocio muy redituable, tanto que se estima que le pueda quitar hasta un 20% del tráfico aéreo actual al aeropuerto de Cancún, con vuelos procedentes de Estados Unidos, Europa y del resto del mundo, además por supuesto de los vuelos domésticos. Se prevé que en poco tiempo esa terminal se convierta en una de las de mayor movimiento en el país y eso significará que los ingresos que comenzará a generar serán cuantiosos y todos quedarán en manos del Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexicano administrado por los generales del Ejército mexicano.
Si a eso se suman los ingresos que generarán los otros negocios en manos de los militares y los presupuestos cada vez más altos que están recibiendo las Fuerzas Armadas, que crecerán en total 170% en este sexenio y en 2024 alcanzan ya los 259 mmdp, estamos entonces ante un Ejército rico, con las arcas más que llenas y con un manejo opaco o poco transparente de todos esos recursos millonarios, lo que tarde o temprano terminará en escándalos de corrupción. Porque por muy buenos, eficientes y honestos que el presidente López Obrador crea a los llamados hombres de verde, lo cierto es que no son ángeles y al final su condición humana es tan frágil como la de cualquier otro servidor público. ¿Qué va a pasar cuando tanto poder y tanto dinero como el que hoy tienen las instituciones castrenses termine por corromperlas?
