El pasado 14 de febrero estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad, una IAP, Institución de Asistencia Privada (con vocación social) de las cuales hay alrededor de 300 en el país. Se supone que la huelga es un instrumento de lucha para lograr mejores condiciones laborales, pero en este caso parece que fue al revés, la institución provocó la huelga para lograr una reestructuración profunda del Monte.
Cuando se mira el conjunto de lo que ha pasado entre el grupo que dirige la institución y los trabajadores sindicalizados, no resulta extraño lo que pasó. Se trata de una agresiva estrategia de confrontación que es importante revisar con cuidado.
Después de que los trabajadores sindicalizados del Monte no han recibido aumento salarial en tres años, en esta ocasión se pidió un incremento del 5% y así se hubiera conjurado la huelga, pero la dirección no aceptó, quiso la huelga para reestructurar a la institución.
Se trata de siete directivos empresariales que piensan que los “pobres ya no son negocio”, por eso han generado -de forma paralela- un negocio más rentable, una financiera que tenga como clientes a un sector social de mayores ingresos. Se supone que las IAP no tienen fines de lucro.
El Monte de Piedad es una institución muy importante: está ubicada en todo el país, tiene más de 300 oficinas; sus servicios benefician a más de tres millones de usuarios al año; tuvo en 2022 un remanente de 9 mil millones de pesos, así que goza de una buena salud financiera; presta al 6% mensual, es decir, nada barato.
El corazón del conflicto actual es la reestructuración de fondo que se quiere hacer para modificar su vocación social, pero el mayor obstáculo para lograrlo es un sindicato democrático.
Una IAP como el Monte tiene una serie de condiciones especiales y privilegiadas para operar, por ejemplo, no paga Impuesto sobre la Renta (ISR). Se supone que el Monte debería tener una política de rendición de cuentas y transparencia, pero su manejo es opaco. No se conoce la nómina de los trabajadore de confianza, porque se guarda como un secreto de estado.
El manejo directivo del Monte no tiene contrapesos, no hay presencia social ni gubernamental. Se supone que la Junta de Asistencia Privada, “un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria, adscrito directamente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, debería intervenir para regular a esta IAP, pero al parecer no lo hace con la eficacia necesaria.
El único contrapeso que hay es el sindicato del Monte, una organización que ha sido muy maltratada. ¿Qué tan válido es modificar el mandato social de esta institución porque así lo decidieron los siete empresarios que están al mando?
El trato a los trabajadores sindicalizados ha sido muy agresivo: se despidió a 20 líderes del sindicato, como una forma arbitraria de presión; no han tenido aumentos salariales en tres años; se despidió a 300 trabajadores; se ha creado un sindicato blanco; se pretende hacer una reestructuración de la planta laboral, pero sólo para despedir a los trabajadores sindicalizados.
En las negociaciones se pidió sólo un incremento 5% y al rechazar esta disposición prácticamente se obligó al estallamiento de la huelga. Es falso que el sindicato haya roto las negociaciones, más bien la institución los obligó, por eso es una huelga al revés.
El sindicato ha aceptado medidas de flexibilización como incrementar la jornada laboral, ajustar las plazas de 2,200 a 1,950. Ahora con la financiera quieren crear otra categoría de trabajador que no existe en la ley, ni de confianza, ni de base. La estrategia de la dirección es desprestigiar al sindicato y que sean los trabajadores los que carguen con la responsabilidad de la huelga, para mostrarlos como intransigentes.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Junta de Asistencia Privada, debería intervenir para garantizar la vocación social del Monte. No se puede tener a una institución que goza de privilegios fiscales, maneja montos financieros considerables y opera en la opacidad sin rendir cuentas.
