Cada dos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza estudios sobre los países miembros. Por ese motivo, su secretario general, Mathias Cormann, presentó el Estudio Económico de México 2024 el martes pasado considerando que la relación con nuestro país no es cercana, no sólo porque su predecesor fue José Ángel Gurría, quien dirigió el organismo entre 2006 y 2021, sino por el enfoque del organismo, que es promover el desarrollo a través del mercado y la competencia, pero buscando enfrentar los retos económicos, sociales y ambientales de la globalización procurando un marco institucional y de gobernanza.
La visita de Cormann requería de un esfuerzo diplomático mayor considerando que la OCDE ha sido descalificada en varias ocasiones por el presidente mexicano como un organismo que promueve políticas neoliberales, por lo que el comunicado tuvo que adoptar un tono muy cuidadoso para no causar molestias al gobierno. Por ejemplo:
“La política fiscal de México tiene un sólido historial de cumplimiento de objetivos y mantenimiento de la deuda pública baja. Sin embargo, con 16.7% del PIB, México tiene la relación impuestos/PIB más baja de la OCDE. Existe la oportunidad de aumentar los ingresos tributarios sin dejar de ser competitivo a nivel internacional, respaldando una prudencia fiscal continua y al mismo tiempo aumentando el gasto público en áreas que mejoran la productividad como la educación, la infraestructura, las transiciones digital y verde y la lucha contra la corrupción y el crimen. Mejorar el marco fiscal también ayudaría a aumentar la resiliencia ante shocks futuros, incluyendo creando el espacio fiscal necesario para poder brindar apoyo durante las crisis”.
La respuesta oficial se dio ayer, por parte de Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda, quien declaró que México no necesita una reforma fiscal, ya que las finanzas públicas están en una senda de sostenibilidad, destacando que cerraría este año con un nivel de deuda de 48.8% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra similar a la proyección de la OCDE (48.7%).
El funcionario, no respondió al cuestionamiento de que las reglas fiscales vigentes fomentan una política fiscal procíclica, ya que favorecen los recortes discrecionales y drásticos del gasto para alcanzar las metas de finanzas públicas. En este sentido se abren tres consideraciones:
1) La propia tendencia que lleva el presupuesto de egresos de la federación por la carga permanente de los programas sociales y de pasivos contingentes, los proyectos prioritarios que no son rentables, así como el compromiso de seguir apoyando a Pemex y CFE, que dejan una erogación creciente y por ende una trayectoria de mayor endeudamiento por el déficit público.
2) El impacto presupuestario que traerían consigo varias de las reformas propuestas por el presidente que sí podrían ser aprobadas por el Congreso: salud, pensiones, laborales, entre otras.
3) Algunas de las propuestas que hace la OCDE, en lo general me parecen sensatas, pero que tienen un impacto en las finanzas públicas, y por ende requieren mayores ingresos tributarios.
Es entendible, que en pleno proceso electoral funcionarios públicos se nieguen a aceptar la idea de una reforma fiscal, porque conlleva un incremento de impuestos que resta votos. Sin embargo, el diagnóstico que hace la OCDE no deja dudas de que esa será una tarea impostergable para el próximo gobierno y que seguramente requería de acuerdos políticos con las minorías para poder llevar a cabo esas medidas.
Respecto a Pemex este es el diagnóstico de la OCDE:
Pemex es un gran pasivo contingente para el gobierno. A pesar del entorno favorable de los precios del petróleo y del continuo apoyo del gobierno, su situación sigue siendo difícil, ya que se enfrenta a un flujo de caja libre negativo y a grandes necesidades de refinanciación.
Y esta es su propuesta:
Condicionar cualquier apoyo adicional a que Pemex implemente una estrategia transparente y creíble para mejorar su historial de ESG y alinear la gobernanza de todas las empresas estatales con las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Estatales.
Cabe comentar que el actual secretario de Hacienda comparte esta inquietud, incluso trascendió en su momento que ese había sido uno de los requisitos que estableció para aceptar el cargo. Mientras Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex refutaba la decisión de Moody´s acusándola de inventar escenarios extremos, la OCDE con la publicación del estudio le daba la razón.
En algunos temas la OCDE de plano trató de ser indulgente, señalando que persiste la percepción de corrupción, pero elogió la puesta en marcha de un Sistema Nacional Anticorrupción, y el fortalecimiento de los organismos anticorrupción, incluso a nivel estatal, sigue siendo una prioridad, cuando desde el principio de la actual administración se ha obstaculizado su funcionamiento e incluso con una de las reformas presentadas el pasado día 5, se pretende su desaparición, con el pretexto de austeridad y el estigma de que no sirve para nada.
Pero en otros asuntos, la OCDE no pudo dejar de plantear su cuestionamiento a las políticas energéticas y de sustentabilidad del actual gobierno. Hizo hincapié en que para aprovechar al máximo el nearshoring requiere la transición hacia energías renovables. “Sin embargo, la proporción de electricidad generada a partir de fuentes renovables sigue siendo baja. La generación privada de energías renovables se ha visto afectada por una elevada incertidumbre regulatoria.” Asunto que viene desde 2019 con medidas administrativas y decretos, profundizada con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo de 2022, cuyos amparos fueron aceptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente y que generaron peticiones de juicio político en contra del ministro que fue determinante con su voto de esa decisión.
El estudio completo se puede consultar en https://www.oecd.org/economy/panorama-economico-mexico/ en modo de lectura en inglés. Cabe por último hacer dos consideraciones: se trata de recomendaciones que los gobiernos pueden aceptar o no, y que algunas están más enfocadas en propuestas de política pública para el próximo gobierno, que tendrá que enfrentar los desafíos que se le vienen encima. No extrañaría que la actual administración decidiera la salida de México de este organismo del que forma parte desde marzo de 1994, en la etapa final del gobierno salinista, con el argumento de que se ahorrarían recursos.
