México ha adquirido a través del tiempo la reputación de ser un país de asilo y refugio. Mucho de esto se debe a la generosidad del gobierno de Lázaro Cárdenas, que en la década de los 30 y 40 del siglo pasado recibió a más de 40,000 españoles que huían de la persecución franquista. Algunos años más tarde, en los 70 y 80, ese gesto humanitario se repetiría con miles de sudamericanos acogidos en nuestro país, cuya vida e integridad estuvieron amenazadas por las distintas dictaduras militares que operaron en la región bajo el esquema coordinado de represión, tortura y asesinato de la Operación Cóndor.
Si bien esas y otras muestras de solidaridad le valieron a México el reconocimiento internacional de ser una nación de asilo y refugio, es justo reconocer que no todos los grupos que han buscado la protección de nuestro país han corrido con la misma suerte. Tal fue el caso de judíos y chinos, o actualmente centroamericanos. Ciertamente es más sencillo y políticamente redituable para un gobierno recibir a un exilio “connotado”, que a ciudadanos cuya asimilación es más compleja o que tenga mayores necesidades y menores herramientas aparentes para contribuir al crecimiento y desarrollo del país.
En el caso de la CDMX, cada vez son más las colonias en las que se han creado asentamientos irregulares de personas que abandonaron sus lugares de origen por distintos motivos, que van desde los más urgentes, hasta la búsqueda de una mejor vida. Aunque organismos internacionales como el ACNUR y la OIM, así como la red de albergues de la sociedad civil en la CDMX, han redoblado esfuerzos por atender a estas poblaciones, la realidad es que no se dan abasto. Existen hoy al menos 5 campamentos improvisados en distintas alcaldías, afectando la seguridad, higiene y comodidad de vecinas y vecinos. Es inevitable que después de un tiempo estos comiencen a reclamar la recuperación de su espacio.
La pregunta que cabe hacerse es ¿dónde terminan los derechos de unos y comienzan los de los otros? Es responsabilidad del Estado encontrar la manera de mediar y generar las condiciones necesarias para cumplir con sus obligaciones internacionales de protección y solidaridad con los migrantes, así como garantizar el goce de derechos de los nacionales, sin afectar sus modos de vida.
La situación actual de desatención de contingentes migrantes en distintos puntos de la capital ha contribuido a la generación de un ambiente hostil entre estos y los citadinos. Los primeros, cuya situación es más urgente y precaria, están a espera que se resuelvan sus trámites migratorios para poder seguir adelante. Los segundos, exigen recuperar el derecho al libre uso del espacio público.
Recientemente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, urgió a las autoridades capitalinas a implementar una mayor y mejor infraestructura y políticas públicas para integrar a las y los migrantes en la ciudad, de manera que no haya un incremento de la violencia entre la población. El descontento tiene el potencial de derivar en confrontaciones, además de abonar a la discriminación y xenofobia. Es preciso descartar la premisa de que hay un conflicto de derechos y que unos deben prevalecer sobre los otros. La solución debe partir de la empatía y solidaridad de ambos lados, para entender las dificultades por las que atraviesa el otro, y de exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional.
Quien gobierne el país y la CDMX en los próximos años estará obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar el goce de los derechos de nacionales y extranjeros, al tiempo de promover la solidaridad y hospitalidad, que hasta ahora solo están plasmadas en el texto constitucional capitalino. Urge la atención adecuada en espacios de acogida, que garantice los derechos básicos de las poblaciones migrantes y proteja los de la ciudadanía; una política que se centre en la integración social, educativa, productiva e inteligente de estas poblaciones. Mito o realidad, la CDMX tiene la oportunidad de honrar la reputación de México como país y ciudad de acogida.
