MARTÍN VIVANCO
Empezaron las campañas y las autoridades electorales llegan débiles al proceso electoral. Los árbitros y encargados de declarar a las y los ganadores pasan unos de sus peores momentos. Quizá lo más grave es que algunos de los daños son autoinfligidos.
A nadie escapan los intentos de este gobierno por desmantelar a las autoridades electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE). No sólo lo ha intentado una vez, sino tres. El plan A, el B, y ahora la nueva iniciativa de reforma constitucional —base de su plan C— son intentos explícitos para destruir al INE y al TE. Ante estas amenazas, llama aún más la atención que tanto el INE como el TE hayan tomado decisiones que socavan su propia legitimidad. En medio de la tormenta, se han dado dos balazos en los pies.
El primero se dio cuando validaron las precampañas ilegales. Que no se nos olvide que Morena y el Frente violaron abiertamente la normatividad electoral. La ley es clarísima: las precampañas empezaban en noviembre del año pasado. Y a sabiendas de esto, ambas fuerzas se adelantaron e hicieron proselitismo desde junio del año pasado. Las actuales candidatas llevaron a cabo mítines y reuniones, desplegaron espectaculares y pintaron bardas.
Hicieron todo lo que se hace en una campaña, pero disfrazado de proceso interno. Esto contravino, a todas luces, el principio de equidad en la contienda y del respeto más básico al principio de legalidad. El INE lo sabía y aun así validó el actuar ilegal de las dos coaliciones. Peor aún: el TE validó la determinación del INE. Si hubieran actuado conforme a la ley, les habrían negado el registro tanto a Claudia como a Xóchitl y hoy no serían candidatas. De ese tamaño es su omisión.
El segundo. Actualmente el INE opera con 10 encargados de despacho en las áreas más importantes del Instituto, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección Jurídica, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, e incluida la joya de la corona que es la propia Secretaría Ejecutiva.
Llegan a las contiendas con encargados —no titulares— provisionales y sin la capacidad de formar acuerdos internos para regular sus funciones más importantes. Esto muestra un serio problema de operación política por parte de la presidenta del INE y denota serias desavenencias entre los consejeros y las consejeras. Todas esas posiciones deben aprobarse con ocho de diez votos que simplemente parecen imposibles de alcanzar. Y, otra vez, lo peor es que el Tribunal validó que el INE actuara de esa manera.
Ahora bien, ¿con qué autoridad le van a decir a las y los miles de candidatos de todo el país que están violando la ley y que ameritan una sanción, si ellos mismos validaron la más notoria y flagrante violación de las candidatas no sólo a la ley, sino a los principios constitucionales de equidad en la contienda y legalidad? Y, si no pueden ponerse de acuerdo en simples nombramientos, ¿cómo van a lograr acuerdos para resolver la ola de disputas que requerirán resolver en el curso de las contiendas y después de éstas?
Estamos ya en el proceso electoral más grande de la historia de México, en medio de una polarización política terrible azuzada desde Palacio Nacional. No sólo eso, es notorio que el presidente está decidido a intervenir en la elección para favorecer a su candidata. Los resultados mismos de la contienda amenazan la propia existencia de los árbitros. Y justo cuando necesitamos a nuestras autoridades electorales más fuertes y decididas a hacer valer la ley, éstas han dado pasos para debilitarse. Espero que corrijan.
