EL LÍO JUDICIAL QUE INVOLUCRA AL EDOMEX, LA FGR Y ALEATICA
MARIO MALDONADO
Este martes en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, se llevó a cabo una audiencia inicial de imputación solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de cuatro exfuncionarios del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo y representantes de la empresa OHL –ahora Aleatica– por los presuntos delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación.
La obra en cuestión es el llamado Viaducto Bicentenario, un tramo carretero adjudicado en 2008 a OHL por 6 mil 500 millones de pesos. El fondo del pleito es que la concesión a 30 años fue otorgada por el gobierno del Edomex, en tiempos de Enrique Peña Nieto, en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal –como debió ocurrir–, lo cual habría sido “legalizado” después durante la gestión de Del Mazo, con ayuda y con la venia de funcionarios de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque ninguno de estos fue citado a la audiencia.
La judicialización de esta carpeta por parte de la FGR se basó en las denuncias del abogado Paulo Diez Gargari, quien asegura que el Viaducto Bicentenario forma parte de la autopista México-Querétaro, de jurisdicción federal, razón por la que los funcionarios del gobierno del Edomex y los directivos de la empresa habrían incurrido en presuntos delitos al adjudicarla y luego “legalizarla”.
El asunto, sin embargo, también tiene un trasfondo político. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, dio por buenas las denuncias que no había podido judicializar el exabogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez, por una simple razón –según personas allegadas al caso–: esta es la misma causa por la que fue denunciado el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber usado sus influencias para ayudar a que Aleatica no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario.
Scherer terminó peleado con Gertz por varios asuntos, entre ellos el de la familia política del fiscal. El asunto escaló a acusaciones públicas y a investigaciones e imputaciones en contra del exconsejero y despachos de abogados ligados a él. En lo que refiere a Alfredo del Mazo, las imputaciones en contra de sus funcionarios al parecer también tienen que ver con el asunto familiar, porque la suegra del exgobernador, Laura Cuevas Morán, también fue vinculada inicialmente al caso de la familia del fiscal.
A la audiencia, que fue pospuesta por el juez federal Daniel Ramírez Peña en enero pasado, acudieron el exsecretario General de Gobierno, Ernesto Nemer; el exsecretario de Movilidad del Edomex, Luis Limón Chávez; el exdirector del Aeropuertos, Autopistas y Servicios conexos en la entidad, Alberto Tomás Angulo Lara y el exdirector de la Junta de Caminos, Jorge González Becerril.
También presenciaron las acusaciones por parte de la FGR los exdirectores de OHL México (Aleatica) José Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo, y el actual presidente de la empresa, Rubén López Barrera.
Al cierre de esta columna, todos los imputados y los representantes de la FGR seguían en la audiencia en el penal de Almoloya, sin que el juez diera su veredicto tras escuchar las imputaciones y los argumentos de la defensa, aunque reconoció que la formulación de imputación hecha por el ministerio público había sido “deficiente”.
Paralelo a este caso, el abogado Paulo Diez también fue llamado a una audiencia este lunes para intentar ser vinculado a proceso por “ataques a las vías federales de comunicación”, igualmente por el caso del Viaducto Bicentenario. El juez del Edomex que sigue este caso es Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, recientemente en el ojo del huracán por el escándalo mediático de exculpar a un hombre acusado de abusos contra una niña de cuatro años.
Como se ve, es un lío judicial en el que convergen intereses políticos, revanchas personales y el uso de la justicia a conveniencia.
