El arribo de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León, como el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, no podría entenderse sin el apoyo y participación de los grandes empresarios de Monterrey, principalmente sin el que se conoce como el “Grupo de los 10” o “Grupo Monterrey”. Ellos lo impulsaron al cargo y, al parecer, ahora lo quieren ver caer.
Samuel García está consciente de que, más que de la Fiscalía General de Justicia del estado, la información que circuló ayer sobre presuntas triangulaciones de recursos proviene de los enemigos que ha venido sembrando durante sus primeros años de gobierno, específicamente de los hombres y mujeres de negocios a los que intentó someter mediante presuntos actos de extorsión, según lo han denunciado los hombres de negocios del estado.
En este espacio se publicaron diversas denuncias de empresarios neoleoneses que fueron víctimas de presuntas extorsiones por parte del jefe de la Oficina de Gobernador, Miguel Ángel Flores Serna, quien, aseguran, suele pedir dinero a nombre de Samuel García a cambio de que no se metan en problemas administrativos con su gobierno.
La operación para a desactivar la “máquina extorsionadora” del mandatario de Movimiento Ciudadano inició hace unos meses. La idea de impulsarlo como candidato a la Presidencia tenía el objetivo de separarlo del gobierno, pero la misión se abortó cuando buscó tomar las riendas del estado el grupo del priista Adrián de la Garza, su enemigo.
El golpe más certero que han conectado los empresarios es retirar a la administración de García el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, la UIFE; ésta es la principal herramienta que usaba el llamado “Mike” Flores para iniciar investigaciones contra quienes se negaban a pagar las cuotas.
Dicha oficina, espejo de la otrora temible Unidad de Inteligencia Financiera que opera a nivel federal, se insertaba en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del gobierno del estado, no obstante, tras un intenso cabildeo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta última instruyó a traspasarla a la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Pedro Arce Jardón.
En esta misma estrategia contra un gobierno acusado de extorsión se enmarcan las filtraciones por presunta triangulación de fondos cercanos a los 200 millones de pesos, entre las empresas Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos Jace y el despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados.
También en esta columna elaboré sobre las investigaciones de la UIF que involucraban al despacho fiscal en el que confluyen el actual gobernador de Nuevo León y su padre Samuel Orlando García Mascorro. Se presumía un esquema de lavado de dinero.
En ese entonces se estableció que Firma Jurídica Fiscal y Abogados, además de los despachos García Mascorro Abogados, Firma Jurídica Fiscal, Contable, así como Fiscal Contadores y Financieros transfirieron inexplicablemente recursos por casi 180 millones a una razón social cuyo accionista principal es Samuel García, de nombre Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
Aquellos movimientos financieros, detectados entre 2016 y 2019, son muy parecidos a los que ahora se ventilan entre Proveedor de Productos Mexicanos Jace y el despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados, por alrededor de 200 millones de pesos; es decir, no existen operaciones o actividades que justifiquen las transferencias de recursos.
Parece que Samuel García y el grupo de amigos con el que llegó a la gubernatura siguen haciendo negocios de manera similar, lo que ha cambiado es la aceptación que tienen entre los empresarios, quienes ostentan el control de la política local.
