El arbitrario allanamiento de la embajada de México por fuerzas de seguridad en Ecuador no puede asumirse como un hecho aislado, sino como el resultado de parte de una política de articulación de la derecha a nivel internacional contra los gobiernos progresistas emanados de procesos electorales legítimos con los que se pretende revertir los avances democráticos en nuestro continente.
Esta violación flagrante a la inmunidad diplomática de nuestra embajada en Quito se da en un contexto que encuentra un caldo de cultivo favorable en la ignorancia de Daniel Noboa Azín, quien tomó una decisión que ningún dictador de la región había osado adoptar, violando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y las normas mínimas de respeto y convivencia entre las naciones.
Cabe recordar que se trata de un mandatario que asumió el cargo tras el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado presuntamente por malversación de fondos, que activó el mecanismo constitucional conocido “muerte cruzada”, a partir del cual se convocó a elecciones anticipadas para cubrir el año y medio el mandato del presidente depuesto.
Se trata de un fenómeno que se replica en nuestra región que promueve la inestabilidad política y la destitución de gobiernos progresistas, como sucedió en 2009 en Honduras con la destitución del presidente Manuel Zelaya; en 2015 en Brasil, con Dilma Rousseff (impeachment); la detención de Inácio Lula da Silva en 2018; el juicio político en 2017 contra Jorge Glas en Ecuador; la persecución contra Evo Morales en Bolivia en 2019; y la destitución de Pedro Castillo en 2022 en Perú.
En todos los casos prevalece un común denominador: la búsqueda por crear una atmósfera de inestabilidad económica e ingobernabilidad, a través de un engranaje en el que concurren: autoridades judiciales; sectores del Congreso; medios de comunicación; campañas de desinformación en redes sociales desde el exterior; financiamiento ilegal a la oposición local; presiones de grupos económicos locales e internacionales, que interactúan de acuerdo con la capacidad de reacción del gobierno buscando minar el soporte social que lo legitima y su desmovilización.
De ahí la trascendencia de la decisión del Gobierno de México de romper relaciones con Ecuador y acudir a las instancias internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Organización de Naciones Unidas, en busca de la sanción internacional.
Se trata de una respuesta firme contra esta violación sin precedente al derecho internacional, a la inmunidad diplomática y a la agresión de la que fue objeto el personal de la Embajada de México en Quito —quienes nos merecen todo nuestro reconocimiento— por las fuerzas de seguridad, pero también, se trata de frenar una estrategia extraterritorial que busca minar los procesos de transformación en nuestros países, pretendiendo una inaceptable regresión al pasado autoritario.
