EL MODUS OPERANDI DE AUTORIDADES PROTEGIENDO A FEMINICIDAS: EL CASO MARÍA JOSÉ
Me tocó conocer de cerca el caso del caníbal de Atizapán (2021), Andrés Mendoza Celis, quien a lo largo de 31 años mató a mujeres y niñas. El número de mujeres asesinadas, según investigaciones realizadas para un serial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue de 54, pero el feminicida confesó a los policías que lo detuvieron haber matado a cientos. Y sí, su casa en la calle de Margaritas, en Atizapán, estaba construida con castillos hechos a base de miles de restos óseos.
El caníbal, quien también se comía a sus víctimas, pudo perpetrar tantos crímenes pues sus vecinos, a pesar de haber visto a mujeres golpeadas y ensangrentadas en su domicilio, nunca lo denunciaron a la policía, y ésta nunca investigó los cientos de desapariciones de mujeres en esa zona del Estado de México. De haberlo hecho, lo habrían atrapado antes.
El esposo y los familiares de su última víctima, llamada Reyna, hicieron por su cuenta la búsqueda dado que eran ignorados por las autoridades. Dieron con el paradero de Reyna en la casa de Mendoza, luego de 24 horas de su desaparición, pero fue demasiado tarde.
Las autoridades no sólo no hicieron su trabajo, sino que, además, revictimizaron a Reyna, al presentarla como la “novia” de su asesino, un sujeto 40 años mayor que ella, lo cual era falso. Y además de que su familia no recibió apoyo, el presidente municipal de Atizapán, Pedro Rodríguez Villegas, trató de ampararse para evitar la difusión del documental de la SCJN, pues el feminicida serial formaba parte de su equipo electoral y no quería tener una imagen negativa. Así, el alcalde prefirió cuidar su imagen que alertar sobre lo que pasaba en Atizapán. Fracasó en su intento censor.
Esto mismo pasó la semana pasada en la CDMX. La madre y vecinos de una joven de 17 años, María José Castillo, fueron quienes descubrieron y atraparon a su violador y asesino: su vecino, Miguel N. Horas después, cuando la policía y los fiscales de la capital entraron al departamento del feminicida, en Iztacalco, encontraron restos óseos y pertenencias de varias mujeres, algunas reportadas como desaparecidas tiempo atrás. Si la policía hubiera investigado la desaparición de una de ellas, Frida Sofía Lima, en 2015, habrían ido a interrogar a quien entonces era su “novio”, Miguel N, pero no lo hicieron y continuó asesinando a mujeres en la zona durante casi 10 años más.
En el caso de María José, las autoridades también intentaron ocultar la situación. Cuando la cobertura mediática del caso crecía en TV, radio y redes sociales, el viernes pasado, la Secretaría de Gobernación envió un oficio para que se abstuvieran de difundir el nombre, apellido, imagen y cualquier dato del domicilio o colonia de la joven asesinada. Incluso, se amenazó a la radio y TV de que serían multadas si continuaban las transmisiones con la información del caso.
Se pretendió censurar el feminicidio con algo de éxito parcial, pues varias estaciones de radio dejaron de cubrir el tema y las estaciones de TV gubernamentales (canales 11, 14 y 22) ni por asomo llevaron la información de que se había encontrado a un feminicida serial en la CDMX.
El oficio censor, increíblemente, estuvo fundamentado en la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños. Así, se usó una ley que busca asegurar los derechos de los niños, empezando por su vida, para acallar que les están matando. ¡Qué cosa!
También está el caso de hace unas semanas, de Camila, la niña que fue a pasar un rato a casa de su amiga, en Taxco, donde fue asesinada. En este asunto, el secretario de Seguridad local señaló que la culpa era de la madre por dejar salir a jugar a su hija, no de los asesinos que la mataron. También hicieron a la familia de Camila ir a Iguala a levantar el acta de desaparición, pues no la aceptó el Ministerio Público en Taxco, con lo que se perdieron horas para la investigación.
