Facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal para otorgar amnistía de manera directa cuando la persona aporte elementos comprobables que sean útiles para conocer la verdad de los hechos en los casos que sean relevantes para el Estado mexicano, es una reforma de vital importancia que muy pronto será realidad en nuestro país.
Y es que los crímenes cometidos durante los gobiernos anteriores en los que se encuentran involucrados sus funcionarios han sido investigados en medio de un nebuloso proceso, debido a los diversos obstáculos que fueron poniendo para conocer la realidad de los hechos.
Las administraciones neoliberales protegieron y fueron cómplices de la verdad, por eso la falsearon para sustituirla por “verdades históricas” que a nadie convencen y que lastiman a toda la sociedad, dejándole profundas heridas abiertas que acrecentaron la desconfianza en las instituciones del Estado.
Tlatelolco, el Halconazo, San Salvador Atenco, la Guerra Sucia, Tlatlaya, Acteal, San Fernando, Aguas Blancas, Apatzingán, la mal llamada guerra contra el narco, Cadereyta y Ayotzinapa, siguen en la memoria del pueblo y reclaman justicia.
Para conocer la verdad y hacer justicia, es necesario que la Ley contemple el uso de figuras jurídicas que permitan reconstruir y esclarecer los hechos. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y a la reparación integral del daño y, sobre todo, al acceso efectivo a la justicia. La sociedad nacional también tiene derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió, como sucedió y quién o quiénes son los responsables, así como y a la garantía de no repetición.
El pacto de impunidad y silencio que se ha mantenido entre los implicados ha vulnerado el derecho a la verdad de las víctimas y de sus familias, ha creado incertidumbre y miedo.
No se puede tapar el sol con un dedo, la crisis de derechos humanos, seguridad y violencia que se vivió en las décadas pasadas no tiene parangón. De ahí que desde 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció ante la urgente necesidad de hacer efectivo el derecho a la verdad.
En consecuencia, las reformas propuestas son una respuesta contundente a los insuficientes avances en el esclarecimiento de casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Es evidente que ha existido un empecinamiento en esconder la verdad. Por eso se ha pretendido denostar el uso de esta figura.
Es falso que se favorecerá el perdón de los culpables, que saldrán a las calles cientos de criminales o que se ha firmado un cheque en blanco a la impunidad. La realidad es que se busca hacer justicia, reparar el daño y sacar a la luz la verdad.
Además, también se busca extinguir la tortura como método, porque así es como los gobiernos neoliberales construyeron no solo una, sino muchas verdades históricas que, aunque inverosímiles, se impusieron por la fuerza de la violencia y la corrupción.
La verdad es solo una y tenemos derecho a conocerla, porque ello permitirá pacificar al país y empezar el camino hacia la reconciliación nacional.
Posibilitar que quienes tengan conocimiento de hechos relevantes y comprobables, aporten sin coacción alguna, elementos que fortalezcan las investigaciones, será fundamental, ya que podrán acceder a la verdad y ponerle punto final a los abusos, chantajes, mentiras y complicidades de quienes desde el poder público favorecieron la comisión de crímenes atroces que mancharon de sangre y vistieron de luto a México.
