Finalmente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha utilizado su influencia para liberar de prisión al exgobernador, Cesar Duarte, de cuyas corruptelas ella misma fue cómplice al verse beneficiada por la llamada “nómina secreta”.
Desde el año pasado Duarte –que fue extraditado de Estados Unidos-- empezó a hacer gestiones desde la celda en la que operaba cómodamente para poder abandonar la prisión.
A finales de 2023, a través de un emisario de su confianza, Otto Valles, Duarte formuló un ofrecimiento al gobierno federal para dar información comprometedora sobre la gobernadora, a cambio de obtener ciertos beneficios.
Al no conseguir lo que esperaba del gobierno federal, habría optado por exigir directamente de la gobernadora su liberación, so pena de destruirla con la información que tiene sobre ella.
La liberación, sin embargo, no podía hacerse antes de la elección por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses y posiblemente en todo el país, pero finalmente se concretó dos días después de la jornada electoral.
De esta forma, el último gobernador priista de Chihuahua, a quien se le imputan una larga serie de delitos por desvíos que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, podrá enfrentar su proceso en la comodidad de su hogar.
Si a eso sumamos que el personaje ya fue detenido en el 2020 en Miami, mientras escapaba de la justicia, podemos suponer que quien antes se sustrajo a la acción de la justicia lo podría volver a hacer. Si eso ocurre, la responsabilidad habrá sido de Maru Campos y de todos aquellos que coadyuvaron en la liberación del exgobernador.
La red de complicidades en torno a Duarte no podría ser más descarada en Chihuahua. De hecho, la misma jueza que ha permitido que este personaje salga de prisión, Hortensia García Rodríguez, es quien ordenó la detención y vinculación a proceso por una supuesta “tortura psicológica” contra Francisco González Arredondo, al exfiscal anticorrupción que en tiempos de Javier Corral coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, en la que dos casos relevantes fueron la Nómina Secreta y la operación Safiro.
Además de la propia Maru Campos, en esos hechos de corrupción también habría estado involucrado César Jauregui Moreno, el actual fiscal del estado. Tanto Jauregui como Campos fueron líderes de la bancada del PAN en tiempos de Duarte en el congreso estatal. Y el propio Jauregui, en su declaración ministerial, aceptó haber recibido dinero del gobierno estatal diciendo que eran “apoyos” para cumplir con sus labores legislativas.
Pese a que podrían solicitar nuevas medidas cautelares ante el evidente riesgo de que un personaje tan influyente concluya su juicio en libertad o arresto domiciliario, difícilmente el fiscal impugnará la decisión, pues él mismo tiene mucho que perder, al igual que la gobernadora.
Es claro que existe un acuerdo político al más alto nivel y una operación policial y judicial para brindar condiciones favorables a César Duarte, quien tiene capacidad de presionar tanto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, como al Fiscal del estado y en la propia gobernadora.
Probablemente a Duarte no le bastará con estar ahora fuera de prisión. También buscará ejercer venganza en contra de Javier Corral por haber promovido las investigaciones que finalmente lo llevaron a prisión.
