La decisión de aceptar la imposición del presidente en los tiempos para discutir y aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación marcará inevitablemente el arranque de su gobierno. No sólo porque un cambio del tamaño del que se está proponiendo en el llamado Plan “C” de López Obrador altera la certidumbre y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, al desconocer cómo se comportará una nueva Suprema Corte de Justicia, o los nuevos jueces y magistrados a los que se pretende elegir por el voto popular, sino también porque a la doctora le tocará enfrentar en su administración una incertidumbre y una turbulencia financiera que bien pudo haberse evitado.
Y aunque la próxima presidenta se vio entrampada entre su lealtad incondicional a López Obrador y su ofrecimiento público de que habría mayor diálogo y calma para discutir esas reformas con todos los sectores involucrados y afectados, la salida que eligió Sheinbaum, para no quedar mal con el que sigue siendo claramente su tutor político y sus primeras declaraciones y promesas a los mexicanos ya en calidad de presidenta electa, fue decir que en estos poco más de dos meses que restan para el inicio de la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, se llevarían a cabo sus consultas, encuestas, y un apurado y apretado proceso de parlamento abierto desde las Cámaras legislativas para escuchar los puntos de vista y las propuestas de los mexicanos en torno al cambio de gran calado que le quieren hacer al Poder Judicial.
Hasta ahora la mandataria entrante ha hablado de “consultas” a los sectores jurídicos, judiciales y académicos, además de los empresarios y otros grupos que deseen opinar y expresarse sobre la reforma judicial, aunque no ha especificado con claridad cómo se llevarían a cabo esos foros y si estarían a cargo de la actual legislatura saliente y, más concretamente, del señor Ignacio Mier, que fue el que desató toda esta turbulencia financiera al haber declarado con total soberbia e imprudencia que “en septiembre la mayoría de Morena aprobará las 18 reformas constitucionales pendientes” del presidente López Obrador.
Preocupa que la presidenta electa hable, en este tema de un cambio tan fuerte al Poder Judicial, de la “consulta” que llevó a cabo López Obrador en 2018 para determinar si cancelaba o no el Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se ubicaba en Texcoco. Aquella fue una consulta que no fue regulada ni realizada de acuerdo con la Ley de Consultas Populares, y no tuvo ningún efecto vinculante porque carecía de cualquier rigor científico o metodológico para su realización.
Mencionarla en la actual coyuntura de las reformas a la Corte y a todo el Poder Judicial hace pensar que se puedan repetir esas mismas prácticas de simulación y falsas consultas para decidir los cambios legislativos que le cambiarán no sólo las caras, sino las integraciones y los perfiles a los juzgadores mexicanos, desde los ministros de la Corte, hasta los magistrados federales, los consejeros de la Judicatura y los jueces colegiados y de distrito.
Porque dos meses, menos lo que se lleve la organización de foros, encuentros y diálogos sobre el controvertido “Plan C”, parece muy poco tiempo para hablar de un proceso real y honesto de auscultación y de consensos sobre el contenido de esas reformas. No son pocos los sectores y gremios que ya están levantando la mano para ser tomados en cuenta y escuchados en estos foros: desde investigadores y expertos en la materia constitucional, hasta organismos del sector empresarial y hasta los propios jueces y magistrados federales que han pedido ser incluidos en las consultas para expresar sus puntos de vista sobre los cambios que impactarán directamente su trabajo en la impartición de justicia a los mexicanos.
¿Realmente se va a escuchar a todos con el afán de tomar en cuenta las opiniones diversas, las recomendaciones de los especialistas y hasta las sugerencias de técnica jurídica y legislativa que algunos sectores puedan hacer? O más bien, lo que se busca con este ejercicio —que es lo único que pudo rescatar la mandataria electa ante el capricho presidencial de hacer valer su mayoría aplastante— es ¿ganar tiempo para simular consultas que ni siquiera van a ser tomadas en cuenta a la hora de redactar y aprobar, tanto en comisiones como en el pleno, los dictámenes correspondientes a la modificación de varios artículos de la Constitución?
Hasta ahora Claudia Sheinbaum, respaldada por el aparato económico de la 4T e incluso por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ha minimizado y restado importancia a las caídas que ha sufrido el peso mexicano y al nerviosismo de los mercados financieros por el “Plan C”, argumentando la solidez y estabilidad de la economía mexicana que, si bien es real, tampoco se puede confiar en que una reforma constitucional mal redactada y peor ejecutada, que modifique los equilibrios y contrapesos que hoy significan los jueces, magistrados y ministros para los inversionistas nacionales y extranjeros, pueda afectar esa estabilidad macroeconómica y provocarle a la mandataria entrante, un escenario complicado y de inestabilidad en el arranque de su gobierno.
