La reunión de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial fue buena, a secas, porque hasta ahora quedó solamente en buenos deseos: ni la iniciativa privada tiene plena certeza de que los van a tomar en cuenta en las reformas constitucionales que van a votarse a partir de septiembre, ni la próxima Presidenta de México tiene la última palabra sobre éstas, pues quedarán en manos del Congreso federal y del todavía Presidente en funciones, quien ya dijo que “la justicia está por encima de los mercados”.
Y si bien los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios o del Grupo Monterrey no son propiamente “el mercado”, sus empresas y las fluctuaciones del tipo de cambio sí se rigen por los fondos y gestores de activos globales; es decir, los mercados financieros.
Por eso, la volatilidad del tipo de cambio que se ha generado por la aplanadora de Morena y el “Plan C”, si bien ha beneficiado a los exportadores, los receptores de remesas y el turismo, también ha afectado al gobierno mexicano, que tiene que pagar una prima de riesgo más alta a los tenedores de su deuda, y por supuesto a los importadores, entre otros sectores.
Tales reacciones son apenas el inicio de un panorama que puede tornarse peligroso, sobre todo si se materializan las reformas constitucionales, empezando por la judicial, pues ya lo dijeron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López —este último en privado—: “No van a haber cambios sustanciales a la iniciativa del presidente López Obrador”. Es decir que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular es un hecho.
A lo que más pueden aspirar los empresarios es a que, como dije ayer, la reforma judicial incluya “candados” institucionales que apunten a la independencia y autonomía del Poder Judicial, de manera que la votación popular sea solamente un referéndum de lo que ya definieron los tres Poderes de la Unión.
Sin la certeza de que el proceso de selección de idoneidad y elegibilidad de los jueces, magistrados y ministros será estrictamente vigilado, la confianza de los empresarios e inversionistas se erosionará inexorablemente, con un pronóstico reservado para la economía nacional.
Entonces, la reunión de más de 300 empresarios con la próxima presidenta de México, si bien es un buen primer paso, no asegura nada. Como lo dijo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega, si bien entienden el origen de las propuestas de Morena, estas “no parecen resolver los problemas que les dieron origen”, hablando no solo de las iniciativas para reformar el Poder Judicial, sino el sistema electoral y los organismos autónomos.
De esta forma, las inversiones por 42 mil millones de dólares que anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, las cuales se ejecutarían en los próximos meses por parte de empresas nacionales e internacionales, la realidad es que dependerán del contenido y aprobación de las reformas constitucionales.
Así que los grandes empresarios mexicanos y extranjeros, al igual que los inversionistas financieros, están a la espera y, como se dice en el póquer, “pagando por ver”.
