Nada bueno traerá al país el juego de vencidas en el que parecen estar metidos los tres poderes de la Unión en medio del siempre delicado y riesgoso proceso de calificación de una elección presidencial y el polarizado debate sobre la reforma al Poder Judicial en el fondo.
La confrontación escaló durante los últimos días de manera tal que el tema de las atribuciones y los equilibrios constitucionales entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no ha podido deslindarse de las maniobras políticas.
Estas sugieren, entre otras cosas, que lo que queda de la oposición y los pataleos de una judicatura que parece ya tener claro que será sacudida y reformada, pretenden poner piedras en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la calificación de la elección de Claudia Sheinbaum y al aval a la mayoría constitucional de Morena alcanzada con el voto popular y la sobrerrepresentación de ley.
Vámonos por partes
Los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron sus períodos como magistrados de la Sala Superior del TEPJF el 31 de octubre del año pasado. Un mes ante del cumplimiento de ese plazo, el 25 de septiembre para ser precisos, la Corte ya había enviado al Senado las dos ternas de aspirantes a ser electos para cubrir las vacantes: tres mujeres y tres hombres.
Una, conformada por la magistrada electoral de la Sala Regional Toluca, Marcela Elena Fernández Domínguez; la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho; y la expresidenta de Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte Coello; y la otra integrada por el presidente de la Sala Especializada, Rubén Jesús Lara Patrón; el exmagistrado de Circuito, Armando Ismael Maitret Hernández y el magistrado de Circuito, Francisco Javier Sandoval López.
Tocaba a la cámara alta designar a quienes ocuparían las dos vacantes del tribunal electoral a partir del primero de noviembre de 2023, pero el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal optó por congelar la sesión electiva de los dos magistrados faltantes. No dio una razón específica, por lo que se especuló que los perfiles no eran bien vistos por la 4T o, por lo menos, no los veía cercanos a ella.
La Sala Superior del tribunal electoral federal se integra con siete magistrados. Sin embargo, por ley, puede sesionar válidamente con cuatro de sus integrantes y tiene cinco. Con ellos lo ha venido haciendo desde noviembre del año pasado, lo que finalmente es una anormalidad y, peor aún, una temeridad en medio de un proceso electoral inédito y crucial que incluyó la renovación de las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.
La calificación y declaratoria de validez de esta última corresponde, precisamente, al TEPJF, instancia que entre el tres de agosto y a más tardar el 6 de septiembre próximo, debe resolverla. Lo hará, por lo visto, con un tribunal incompleto.
La mano del juez noveno
El debate sobre esta riesgosa situación se intensificó ante el hecho de que la calificación de validez de la elección presidencial requiere de los votos de al menos seis magistrados. Les faltaría uno.
Pero ese escenario lo prevé el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: “mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o en su caso de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención”.
Ante la eventualidad de que los votos sobre la calificación de la elección presidencial fueran tres contra tres, la magistrada presidenta Mónica Soto decidiría el desempate con su voto de calidad. Ella no ha definido aún si optará por el magistrado de Sala Regional de mayor edad o el de más antigüedad para que se sume a los actuales otros integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.
La semana pasada la polémica creció cuando el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al TEPJF nombrar provisionalmente a los dos magistrados electorales vacantes, para que la Sala Superior sesionara completa, con sus siete integrantes. Fijó un plazo de 24 horas para que se acatara esta resolución derivada del otorgamiento de una suspensión provisional mientras se resolvía el fondo del amparo solicitado por la asociación civil Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
La reacción fue inmediata. La presidenta del tribunal electoral rechazó acatar tal resolución al calificar la medida de “injustificada y excesiva” para la máxima autoridad en materia electoral, presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y demandar penalmente al juez noveno de Distrito en Materia Administrativa. A su vez, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde interpuso ante la Cámara de Diputadas una demanda de juicio político contra el juzgador por vulnerar el principio de división de poderes.
