Hace unos días, de Palacio Nacional salió la orden de acelerar los dictámenes de las reformas constitucionales al Congreso en febrero pasado. Fue a través de la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, y de otros interlocutores de Morena que se instruyó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que encabeza Juan Ramiro Robledo, pasar en fast track las iniciativas prioritarias para el Presidente y la siguiente administración.
La Reforma Judicial, la más polémica de las iniciativas del Presidente, iba a ser la única que se dictaminaría en el actual periodo legislativo, una vez instalada la Comisión Permanente. Los diputados morenistas decían hasta hace unas semanas que “era imposible” darles trámite a otras reformas. Pero la instrucción llegó de Palacio Nacional y al parecer en consonancia con las necesidades del próximo gobierno.
Según fuentes de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habría recibido información sobre el posible procesamiento que le daría la siguiente Legislatura federal a las iniciativas que envió a la Cámara de Diputados. La propuesta de reforma al Poder Judicial, si bien fue imposible de aplazar, no terminaría de aplicarse a rajatabla tras su aprobación en septiembre –el último mes de gobierno de AMLO–, pues vendría la negociación de las leyes secundarias con los otros Poderes de la Unión y los poderes fácticos, los cuales apuestan a que sea descafeinada.
No obstante, a la Cámara de Diputados llegó la directriz para acelerar no solo la reforma al Poder Judicial, sino la que involucra al Infonavit y el proyecto de construir un millón de viviendas vía una modificación al artículo 123 de la Constitución, lo cual le permitiría al instituto construir casas para ponerlas en venta o renta.
Asimismo, se pidió acelerar el dictamen de reforma para eliminar siete órganos autónomos y entes reguladores, dictamen que está previsto para aprobarse el 15 de agosto en la Cámara de Diputados.
Este lunes publiqué que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la cual pretende crear “supersecretarías” y reducir el presupuesto federal.
Los redactores de dicha iniciativa de Sheinbaum son su consejera Jurídica, Ernestina Godoy, la futura secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, y su próximo secretario particular Carlos Augusto Morales.
Dicha iniciativa va de la mano de la que envió Andrés Manuel López Obrador para integrar a buena parte de los organismos autónomos a una Secretaría de Estado; empezando por el Inai a la Función Pública y la Comisión Federal de Competencia Económica a la Secretaría de Economía; los reguladores del sector energético a la Secretaría de Energía, y el Instituto Federal de Telecomunicación a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.
Según el proyecto de AMLO, se busca racionalizar los recursos públicos, así como promover la austeridad y la no duplicidad de funciones, a fin de erradicar las desigualdades sociales.
La “simplificación” de la Administración Pública Federal se acelerará, principalmente, por la falta de presupuesto para el 2025. Las reuniones del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el presidente López Obrador y con la futura mandataria, Claudia Sheinbaum, han llegado a una conclusión: es imperante el recorte del gasto público, empezando por la “burocracia”, puesto que no se tiene planeado rasurar ni un centavo el gasto social.
