Ante el avance inexorable de la Reforma Judicial que será aprobada en septiembre próximo, el ambiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve cada vez más tenso y enrarecido.
Entre los ministros, magistrados, como entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación reinan la incertidumbre, el desconcierto y el temor a lo que vendrá para ellos en el futuro inmediato.
Y en ese clima tan denso que se respira en el mundo judicial, las diferencias y divisiones entre los ministros de la Corte también se han acentuado y al grito de “sálvese quien pueda” los juzgadores de la toga y el birrete deciden y definen el rumbo que tomarán sus vidas y sus carreras en los próximos meses.
A partir de los tiempos que va marcando la mayoría de Morena para la aprobación, promulgación e implementación de las reformas que cambiarán completamente la integración y los mecanismos de selección de los jueces, magistrados y ministros, en los pasillos de la Suprema Corte se empieza a comentar y a cuestionar cuál será el camino que tomarán los actuales ministros y el rumbo que tomarán sus vidas y sus carreras profesionales.
De los 11 ministros que hoy integran el Pleno de la Corte, se sabe que al menos 4 de ellos están pensando renunciar al cargo a partir de que se apruebe la Reforma Judicial en el mes de septiembre, para poder acogerse y obtener el “haber de retiro” que actualmente se entrega a los ministros que renuncian o concluyen su encargo y que consiste en la obtención de una jubilación con la totalidad del sueldo que cobran actualmente en su cargo.
En ese caso, de los que renunciarían en septiembre, antes de que entren en vigor las nuevas leyes judiciales y buscarían su jubilación con las actuales leyes vigentes, estarían los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. A los tres les convendría la renuncia porque obtendrían la pensión mensual con el 100% de su sueldo porque su gestión ya está próxima a terminar, con lo cual garantizarían un pago mensual de al menos 200 mil pesos.
El cuarto caso del que se espera la renuncia en septiembre es el de la ministra presidenta, Norma Piña. Aunque en el caso de Piña no obtendría una pensión mensual del total de su sueldo, su dimisión se espera porque la propia presidenta de la Corte ha comentado en varias entrevistas que le han realizado, que “de aprobarse la Reforma” al Poder Judicial, ella presentaría de inmediato su renuncia al cargo, si es que demuestra congruencia con sus declaraciones públicas.
En cuanto a los otros 7 ministros y su futuro, lo que se comenta en la Corte es que, una vez que la reforma sea aprobada y se establezcan los criterios de elegibilidad para los nuevos ministros, hay al menos tres de los actuales integrantes que buscarían postularse como candidatos a ministros, por la vía del voto democrático y popular. Entre los que se postularían para buscar seguir en el cargo están Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres y Loretta Ortiz, las tres juzgadoras identificadas como cercanas al gobierno de la 4T.
Y hay otro ministro que también buscaría competir en una elección para mantenerse en el cargo. Se trata de Javier Laynez Potisek, el ministro cercano al peñismo, quien sería posiblemente el único candidato del actual pleno que no sea cercano a la 4T. Eso ha hecho que en los corrillos del Poder Judicial se refieran a la eventual candidatura del ministro Laynez como “el candidato del conservadurismo”.
Sobre los otros cuatro ministros que integran actualmente el pleno no está muy claro la ruta que tomaría cada uno de ellos. Se especula que Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat podrían también decidir renunciar, a pesar de que en el caso de ambos, no obtendrían una pensión completa de su actual sueldo, aunque sí obtendrían como mínimo un 50 o 60% de su ingreso actual.
Y en cuanto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo que se comenta es que él no piensa renunciar porque le va a apostar a ser el próximo presidente de la Corte, en el caso de que renuncie Norma Piña, para convertirse en el “presidente de la transición” que se encargue de ser el encargado de la implementación de la reforma judicial, en los mejores términos para el Poder Judicial y para los trabajadores de esa institución.
Así que, ante la inminencia del torbellino morenista que arrasará con el Poder Judicial tal y como lo conocemos hasta ahora, los ministros, los magistrados y los jueces, incluso los trabajadores de ese poder que son el hilo más delgado, enfrentan el dilema de cuál será su futuro personal y profesional, y como en el barco que se hunde, aunque de palabra se mantengan unidos, cada uno empieza a ver por lo que les deparará el destino a partir del próximo año.
