Ciertamente tenemos un sistema de representación imperfecto. Sería deseable que las curules que se asignan a los partidos en la cámara se apegara más al voto que obtuvieron en las urnas.
Pero el cuento que ha armado la oposición para exigir a las autoridades electorales aplicar un criterio de asignación de plurinominales distintos al que establece la ley, y que ha sido la práctica, no es más que un recurso desesperado, un invento para tener una agenda —cualquiera que sea— en medio de la orfandad política.
Fueron esos opositores los que en su momento crearon el sistema político-electoral que hoy tenemos y nunca protestaron cuando les favoreció.
El centro de la artificial polémica que ha creado la oposición es que los límites a la sobrerrepresentación deben calcularse conforme el resultado obtenido por cada coalición y no por cada partido, como se ha hecho antes.
Así está establecido de forma literal en el artículo 54 de la constitución, según el cual el límite de sobrerrepresentación por partido (no dice coalición) es del 8%. Eso mismo plantea la ley electoral y el acuerdo que aprobó el Consejo General del INE el 7 de diciembre de 2023.
Se ha acusado a Morena y sus aliados de utilizar las coaliciones partidistas como una manera para hacerse de más plurinominales. Las voces que critican esto, sin embargo, callaron cuando la oposición hacía lo mismo. Por ejemplo, cuando el PRI y el Partido Verde obtuvieron juntos una sobrerrepresentación de 8.2% en 2012 y de 9.7% en 2015 que sobrepasaba el límite constitucional.
Solo cuando la fórmula comenzó a favorecer a Morena y sus aliados empezaron a criticar que la sobrerrepresentación se calculara para cada partido y no para el conjunto de la coalición. ¿Por qué ahora las cosas deberían ser distintas? ¿Por qué antes la sobrerrepresentación fue por un poquito (uno o dos puntos porcentuales) y ahora es por “un muchote” (cerca de 20 puntos)?
Paradójicamente, antes de las elecciones del 2024, Ciro Murayama publicó un ensayo donde proponía una reforma constitucional para solucionar los vicios de la sobrerrepresentación y que los plurinominales se asignen de tal manera que se logre un equilibrio entre votación y curules. Claramente él mismo estaba reconociendo que el problema estaba —y está— en el propio texto constitucional.
Después de la elección, sin embargo, cuando él y otros entraron en pánico ante la mayoría obtenida por la 4T, se olvidó de aquel argumento, y en junio de este año afirmó: “Será indispensable que la asignación de legisladores de representación proporcional que va a realizar el INE se apegue a la Constitución y no se vulnere el límite de sobrerrepresentación de 8 por ciento”. Si respetar la Constitución es suficiente para evitar la sobrerrepresentación, ¿por qué entonces antes propuso reformarla?
No solo algo no cuadra en el discurso del exconsejero, enfermo de antiobradorismo, sino tampoco en sus acciones, pues en 2015 él mismo, al igual que sus compañeritos consejeros, asignaron diputados plurinominales con los mismos criterios que hoy tanto critican. Esos con los que pretenden difundir la falsa idea de que la 4T pretende apoderarse del Congreso y con los que buscan alimentar una vez más esa narrativa de que estamos ante un gobierno antidemocrático y dictatorial. ¿Será que de algo les ha servido?
