Cada vez son más los negocios afectados por el cobro de extorsiones por parte de criminales en México. Lo que antes ocurría solo en algunas regiones, hoy se da en cualquier parte del país. No importa el tamaño del negocio ni la redituable que sea, casi nadie se salva. Hay una cifra enorme que no se denuncia porque ese delito se alimenta del miedo, pero existen estimaciones que apuntan a que hay más de 13 mil diarias.
Las afectaciones a la economía crecen todos los días y denunciar ante las autoridades no tiene ningún efecto. Ante ello, muchos han optado por manifestarse bloqueando vías. Eso hicieron la semana pasada los transportistas de Atlixco, Puebla. Y es que precisamente ese, el del transporte de carga, es uno de los sectores más azotados por la delincuencia.
En el Estado de México es una práctica tan generalizada, que el crimen organizado cuenta con un novedoso sistema de calcomanías. Con ellas los extorsionadores identifican a los transportistas que ya cubrieron su cuota. Simplemente se pega en el parabrisas y se puede circular con una cierta tranquilidad. Claro, esto luego de haber hecho el pago que puede alcanzar hasta cien mil pesos.
Se calcula que este delito genera pérdidas que superan los dos millones de pesos únicamente en esa entidad. Si no se cubre la cuota, queman las unidades con todo y carga. Ha habido casos en los que incluso asesinan a los operadores La impunidad es tal, que algunas de estas calcomanías llevan las iniciales del grupo o persona que ha cobrado la extorsión.
Pero hay muchas otras actividades en esta circunstancia. Resulta difícil de creer, pero la extorsión ya afecta incluso a los recolectores de basura. Los trabajadores de limpia del oriente del Estado de México aseguran que les han puesto una cuota de 50 mil pesos a la semana. Desesperados, bloquearon la semana pasada el Bordo de Xochiaca en la zona de Chimalhuacán.
Los casos crecen y son cada vez más inverosímiles. Ahora el cobro de piso afecta incluso a los albergues de migrantes. Hay activistas que empiezan a considerar el cerrar los refugios por la falta de seguridad. Con los donativos que reciben apenas logran atender a una población creciente, y no pueden cubrir los pagos que les exigen los delincuentes. Estos albergues son también vulnerables porque acogen a personas que vienen huyendo de la violencia de estados como Michoacán. En ocasiones las bandas de criminales los persiguen y el riesgo llega hasta esos refugios.
En Tamaulipas estuvieron cerradas gasolineras y tiendas de conveniencia por la misma razón: cuotas impagables y amenazas recurrentes que hicieron inviable su operación. La respuesta del gobierno estatal ante la demanda de seguridad fue sugerir que contrataran a elementos privados para cuidar los negocios,
Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, tuvo la osadía de alzar la voz. Se dirigió así a las autoridades: “Nuestra preocupación, nuestro llamado es lógicamente al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, para que ponga atención en el gabinete de seguridad. Creemos que es momento de que tengamos una reunión, de que vengan a Tamaulipas y escuchen de viva voz al sector empresarial y a la sociedad de Tamaulipas, de lo que está pasando para poder juntos recuperar el estado de derecho y la paz social que tanto anhelamos.”
Lamentablemente lo mataron el 30 de julio pasado. Su caso es muestra de que la delincuencia no solo es una amenaza para la economía, lo es también para la integridad de las personas. Las policías municipales no tienen la capacidad de solucionarlo y las autoridades locales están totalmente rebasadas. Tiene que ser desde el gobierno federal que surjan las acciones para disminuir este cáncer que cada vez llega a más ámbitos y enferma a más sectores. Está en el ámbito de su competencia porque se trata de crimen organizado. Ya no pueden seguir mirando hacia otro lado.
