En el caso de la aprehensión de El Mayo Zambada y la entrega/captura de Joaquín Guzmán López —ambos líderes del Cártel de Sinaloa—, conforme más se reportea, más información delicada se obtiene. Primeramente, nos sorprendimos de que las autoridades federales no supieran, un día después, nada del operativo.
A tal grado desconocían lo que sucedía, que hasta “aventaron” (insensiblemente) el nombre de un piloto y varios funcionarios adscritos al aeropuerto de Hermosillo. Ninguno de ellos tuvo que ver con El Mayo-affaire, pues el avión con que éstos estaban involucrados no fue en el que se llevaron a los dos prófugos de la justicia americana. El gobierno ha reconocido que, a estas alturas, no sabe ni de dónde despegó la mentada aeronave que llevó a los criminales a Estados Unidos.
Pero en las últimas 36 horas nos hemos enterado de más información delicada, terrible:
Aunque el gobernador de Sonora, Rubén Rocha, dice que no estaba en México cuando sucedió el affaire, ahora sabemos que El Mayo se sentía confiado bajando a verlo y más para ser el broker de arreglos políticos entre el gobernador y el otro líder político del Estado, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado electo de oposición, Héctor Cuén. Usaron el nombre del gobernador, puesto que le generaba confianza a El Mayo, a tal grado que hasta poca escolta llevaba.
Y, ¿¡qué escolta llevaba El Mayo!? Dos diarios nacionales y el presidente ayer confirmaron que un comandante de la policía estatal de Sinaloa, José Rosario Heras, era su jefe de seguridad. Ojo, este comandante es de la policía del gobernador arriba citado. El comandante está desaparecido y, según versiones, habría sido asesinado, junto con el resto de su equipo de seguridad, por el comando que se llevó a su jefe. Por “jefe” nos referimos a El Mayo, aunque quien en realidad debería ser su jefe es el gobernador.
Que la fiscalía general de la República, que ha quedado claro no tiene mayor contacto con las autoridades de EU, ha decidido abrir una carpeta de investigación penal, entre otros delitos, por “traición a la patria”. Esto se tipifica como “al que prive ilegalmente de su libertad a una persona (en México) para entregarla a las autoridades de otro país”.
Con los datos arriba expuestos podemos llegar a una conclusión: uno, el Estado mexicano no sabe lo que acontece en su territorio, ni en sus aeropuertos, mucho menos en su espacio aéreo; dos, los gobiernos estatales llevan la relación y dan protección institucional al crimen organizado.
