Avanza el procedimiento legislativo hacia la inminente aprobación de la reforma judicial. Antes del viernes 16 de agosto, circuló el proyecto de dictamen y decreto que será discutido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dentro de un par de semanas.
Tiene unos cien cambios hechos a la iniciativa originalmente enviada por AMLO el 5 de febrero pasado. No la endurecen ni la suavizan, más bien la clarifican y fechan la elección popular de ministros, jueces y magistrados.
Los actuales once ministros de la Corte tendrán que empezar a hacer maletas pues serán sustituidos por los que la ciudadanía elija en comicios extraordinarios a realizarse el primer domingo de junio de 2025, esto es, en aproximadamente diez meses.
Para completar el período de quince años vigente para el que se les designó vía ternas propuestas por el Poder Ejecutivo y de las que el Senado eligió a una o uno por mayoría calificada, a la actual ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Laynez les faltarán cinco años a cada uno; al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ocho; a las ministras Margarita Ríos Farjart y Yasmín Esquivel, nueve años, respectivamente; a la ministra Loreta Ortiz, diez; a la ministra Lenia Batres, catorce; a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, tres años a cada uno; y al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dos.
Al ministro Luis María Aguilar ya no le tocaría la sustitución por la vía de las urnas pues su período constitucional se cumple en diciembre próximo.
El pleno de la Corte se reducirá de once a nueve ministros y los asuntos deberán aprobarse con el voto de seis. El período de los ministros se reducirá de quince a once años. Quienes vayan a las urnas serán propuestos de manera paritaria por el Ejecutivo (10), el Senado (5), la Cámara de Diputados (5) y el Poder Judicial (10) tras ser valorados por un Comité de Evaluación creado exprofeso. No ganarán más que el presidente y ya no tendrán pensión vitalicia extraordinaria.
Los ministros ya no elegirán a quien los presida puesto que será, por dos años, aquel o aquella que haya tenido más votos entre los electos. Le seguirá el próximo bienio el segundo en tener más sufragios y así, sucesivamente, en orden descendente. Se eliminarán las dos salas que actualmente operan y todos los asuntos se resolverán en el pleno.
Con la nueva Corte integrada, se extinguiría el Consejo de la Judicatura Federal creado con la reforma de Ernesto Zedillo en 1994 y en su lugar se crearían dos nuevas instancias: un órgano de administración judicial integrado por tres personas que durarán seis años en sus puestos y que serían designados uno por el Presidente, otro mediante mayoría calificada del Senado y uno más por la Corte con seis de los nueve votos del pleno; y un Tribunal de disciplina Judicial integrado por cinco miembros electos mediante voto ciudadano en los comicios de junio el año próximo.
En esa elección extraordinaria de junio también se elegirá a la mitad de los mil 700 jueces y magistrados y las dos vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todas sus salas regionales. Los actuales magistrados electorales permanecerán en el cargo hasta 2027.
Y es que, para ese año, en la fecha de la elección federal intermedia, se realizará una segunda votación para elegir a los magistrados electorales y la otra mitad de los mil 700 jueces y magistrados. En estos casos, si son muchos los aspirantes al mismo cargo, se seleccionará vía insaculación o tómbola.
¿Crisis constitucional a la vista?
Una reflexión ecuánime, ajena en la medida de lo posible a nuestra ya larga discordia política, obliga a preguntarnos ¿qué es más dañino en lo inmediato para la estabilidad del país, el ya casi inevitable rediseño del Poder Judicial de la Federación o el que, para evitarlo o por lo menos suavizarlo, magistrados y jueces vayan a un paro indefinido a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto próximo?
Ir al paro -lo que se decidirá en la votación convocada para mañana por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito-, no solamente entorpecerá las tareas jurisdiccionales (pese a las guardias regulares que determinaría el Consejo de la Judicatura para atender los “asuntos urgentes”), sino que significará una grave violación a la Constitución por quienes, para colmo, tienen el mandato de defenderla.
Me explico: jueces y magistrados estarían optando por incumplir en la calle, con una huelga en la que sería imposible desmontar su contenido político, el mandato popular mayoritario de reformar la justicia, expresado en las urnas el pasado 2 de junio; y estarían desconociendo el funcionamiento legislativo de mayorías absolutas y calificadas del actual régimen.
Las mayorías absolutas las ganaron Morena y aliados en las urnas y las calificadas están por definirse por interpretación legal. En ese contexto, la Legislatura saliente ha dejado listos los proyectos dictámenes correspondientes de iniciativas de ley que cumplen con la técnica legislativa, para que la naciente los apruebe, los lleve al pleno y eventualmente los apruebe por mayoría calificada.
Que el Poder Judicial desconozca el funcionamiento legislativo de mayorías absolutas y calificadas es una grave violación al orden constitucional de quienes están para cerciorarse de que prevalezca. Eso, dicho de otra forma, es una crisis constitucional. Y más grave aún, que los ministros, magistrados y jueces respaldan las razones que la propiciarían.
Después de meses de discusiones y debates, parece haber un consenso inapelable: nuestro sistema de justicia debe ser reformado. En el fondo, la pregunta sigue siendo si el cambio propuesto por la 4T, sobre todo la elección popular de ministros, magistrados y jueces restará independencia a las decisiones jurisdiccionales. ¿Será que sí porque los togados deberán sus cargos a quienes los propongan y apoyen en la elección? ¿Realmente funcionarán los mecanismos disciplinarios que lo eviten? ¿Cómo se garantizará que serán electos los más capaces? ¿Los actuales mecanismos no comprometen también a los designados con las personas que los propusieron y apoyaron? Por lo pronto hay una verdad de a libra: así como se ha separado al poder político del poder económico, hay que separar a éste del poder judicial.
