Mientras el subsecretario de desarrollo político y social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Josué Barrón, recorrían el centro de Chilpancingo para verificar que la vida en la capital del estado “transcurre con normalidad y tranquilidad” tras la decapitación del alcalde Alejandro Arcos Catalán, ocurrida el domingo pasado, en el oriente de la capital; a menos de un kilómetro de donde el cuerpo de Arcos fue abandonado, se llevaba a cabo una violenta persecución.
Se reportó al 911 que sobre la avenida Gobernadores un grupo de desconocidos había abierto fuego sobre una camioneta en la que viajaban un hombre y una mujer.
El conductor perdió la vida en el ataque. Fue identificado como un expolicía ministerial, aunque fuentes del estado lo identificaron, de manera extraoficial, como un jefe de sicarios de Los Tlacos, exgatillero de La Barbie, que operaba para ese grupo criminal en la zona centro del estado.
No parece tratarse de un hecho aislado. Llega solo tres días después de que el alcalde de Chilpancingo se separara de su equipo para acudir, sin chofer ni escolta, a una reunión en el poblado de Petaquillas, según informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y del momento en que se perdió todo contacto con él --hasta que el siniestro hallazgo se llevó a cabo.
En Petaquillas comienza, hacia la zona de la Montaña, la geografía criminal que se encuentra bajo el control de Los Ardillos, organización dirigida por Celso Ortega, hermano de uno de los principales líderes políticos del estado: el perredista Bernardo Ortega.
Para las fuentes de seguridad consultadas, todo lo ocurrido en Chilpancingo a partir del domingo, día en que la aparición de la cabeza cercenada de Arcos sacudió no solo a la capital del estado, sino al país entero, debe leerse como parte del intercambio de mensajes entre los grupos criminales que se disputan el control de la ciudad. El anuncio de una serie de ajustes de cuentas, y de una violencia que seguirá creciendo.
Arcos Catalán llegó a la presidencia de Chilpancingo gracias a la estructura que colocó a su servicio la entonces alcaldesa (hoy expulsada de Morena) Norma Otilia Hernández quien, como se sabe, fue grabada durante un desayuno en el que se puso a las órdenes del líder de Los Ardillos.
Celso Ortega reveló que en ese desayuno Hernández había prometido mediar con Los Tlacos para detener la violencia que arrasaba a Chilpancingo desde hacía al menos dos años. Pero la alcaldesa “ya no regresó”.
La respuesta de Ortega llegó la mañana en que abandonó cinco cabezas sobre el toldo de un auto, con un mensaje para Hernández: “Sigo esperando el desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”.
El obispo emérito Salvador Rangel había denunciado que tanto Hernández como la gobernadora, Evelyn Salgado, brindaban protección a los enemigos de Los Ardillos: Los Tlacos. Atribuyó a dicha protección la escalada de violencia que sacudía la capital del estado y la llenaba de balas, de cadáveres, de autos calcinados.
En febrero pasado, a través de la intermediación de los obispos del estado, se anunció que Tlacos y Ardillos habían pactado una tregua, a partir del respeto tanto de sus respectivos negocios, como de sus territorios. Hubo un descenso en la violencia. Pero llegaron las campañas políticas.
En mayo, el candidato de Movimiento Ciudadano reveló que el crimen organizado no le permitía hacer campaña más allá de Petaquillas. Dijo que desde el primer día les habían advertido a sus coordinadores “que no podían entrar”. Y afirmó que solo Alejandro Arcos tenía autorización para entrar en aquella zona.
“Los demás no tenemos autorización”, dijo. Más adelante sostuvo que también el candidato de Morena, Jorge Salgado, había recibido ese permiso: “Quisiéramos preguntarle con quién sacó permiso, nosotros no podemos hacer campaña desde Petaquillas”, declaró.
Fue precisamente a Petaquillas a donde, según Omar García Harfuch, el alcalde de Chilpancingo se dirigió sin escolta y sin chofer, a fin de sostener una reunión.
Cabe repetir que, en solo una semana, dos de sus colaboradores, el secretario de Seguridad y el secretario del Ayuntamiento, habían sido ejecutados, y que en tres entrevistas con medios nacionales él había pedido protección al gobierno federal y al gobierno estatal. Pero no fue atendido. Se sabe que le habían exigido entre tres y cinco secretarías, así como el 30% del presupuesto. Fragmentos de la compleja realidad de Guerrero.
