Todos los días en nuestro país un nuevo hecho delictivo, una nueva masacre, un nuevo exterminio; confirma que seguimos sumidos en una profunda crisis de violencia, impunidad y falta de gobernabilidad.
Si bien el gobierno federal usa datos para afirmar que los homicidios y la violencia van a la baja, hechos delictivos como el constante hallazgo de fosas clandestinas, desmienten la narrativa oficial.
Para muestra lo que ahora ocurre en Sonora, donde cerca de la capital del estado se localizaron 4 fosas clandestinas, con una cantidad aún imprecisa de víctimas ahí enterradas.
Aún no se esclarece lo ocurrido en el rancho, Izaguirre en Jalisco -como tampoco en Tamaulipas, Michoacán, el Estado de México o Baja California- cuando sale a la luz un nuevo caso estremecedor, donde varias personas fueron exterminadas.
Así como en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Baja California, de nuevo el hallazgo fue hecho por un grupo de madres -el colectivo Madres Buscadoras de Sonora- que tuvo que arriesgarse a hacer lo que las autoridades mexicanas no saben o no quieren llevar a cabo.
El problema de las desapariciones en nuestro país se debe en parte a la falta de capacidades, a la negligencia y/o complicidad de policías y fiscalías locales, de las Comisiones de Búsqueda, como de las Fuerzas Federales.
Para ser justos, hay muchísimos funcionarios en todo el país que hacen todo lo posible por apoyar a las víctimas, tanto con lo poco que tienen como incluso, poniendo de sus propios recursos. No obstante, es evidente que el resultado institucional es por demás decepcionante:
Cada día se suman más desaparecidos, a la fecha hay más de 125 mil personas en registros oficiales -la mitad de ellas desaparecieron entre el sexenio pasado y el actual- sin que al mismo tiempo se registre sanciones y sentencias condenatorias para los culpables. Dicho de otra manera, la impunidad en los casos de desaparición -tanto forzada como cometida por particulares- es prácticamente del 100%.
Es por ello que no debe sorprender que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya hecho un duro llamado de atención al gobierno de México por la crisis de desapariciones.
Con referencia a los hallazgos del Rancho Izaguirre, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, dictó medidas cautelares para el gobierno mexicano con la expresa solicitud de garantizar el resguardo de los restos humanos y los objetos personales que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron en dicho predio.
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que las fallas en el resguardo del lugar de los hechos y en la cadena de custodia podrían dañar dicha evidencia de forma irreparable y con ello sería imposible procurar justicia.
Es por eso que activó el mecanismo del artículo 34 de la Convención Internacional para Desaparición, que podría llevar a una intervención de la Asamblea General de la ONU.
Nuestro gobierno rechazó de manera categórica tales conclusiones, expresó de manera oficial que las desapariciones forzadas no son parte de una política de Estado y accedió a colaborar ante cualquier solicitud de la ONU. Pese a ello, minimizó el problema en voz de la Secretaría de Gobernación y de la Ombudsman Nacional.
Coincido con nuestras autoridades que la desaparición -particularmente la forzada-, no sea parte de una política de seguridad de Estado. Sin embargo, sobran las evidencias de que muchas autoridades son cómplices o autoras de dicho delito.
Por ende, el gobierno de México debe atender con responsabilidad el problema, debe investigar con seriedad sus diversas manifestaciones y llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
Ante un problema del tamaño del que se vive en nuestro país -que es sistémico y creciente- el señalamiento de la ONU es correcto y oportuno.
Las investigaciones deben estar dirigidas a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad de todas las víctimas, reducir las redes de corrupción que mantienen vivo el problema y sancionar a los culpables. Por ningún motivo se debe de matizar o politizar una crisis como esta.
Desde 2015, en el Observatorio Nacional Ciudadano llevamos a cabo varios estudios sobre los problemas de registro, atención y combate al fenómeno de las desapariciones. Al mismo tiempo, otras organizaciones sociales, la academia y colectivos de víctimas que también señalaron el cúmulo de deficiencias que existía alrededor del combate, ha dicho delito.
De haberse atendido las recomendaciones que desde entonces muchos hicimos, se hubieran salvado muchas vidas, evitado muchos delitos y no sería necesario que Naciones Unidas señalar al Estado Mexicano, como corresponsables de la desaparición de decenas de miles de personas.
Hoy más que nunca es imperativo trabajar en conjunto, con seriedad entre ciudadanos y autoridades, ya que de no hacerlo la vida de muchos seguirá en riesgo y para finales de este sexenio se registrarán más de 200 mil personas desaparecidas.
