Las cosas no andan bien en México. Los recortes anunciados por Hacienda son para amortiguar las calamidades económicas que ensombrecen el negro panorama. Mejor cortar unos cuantos dedos del pie que la pierna completa. Los trenes que nos conducirían a la nueva modernidad, nos ilusionaron con viajar a Querétaro en alta velocidad, como si estuviéramos en Nagasaki. El uso de la tijeras es implacable: el más directo y contundente, pero existen otras fórmulas. Una es revisar la pertinencia y funcionamiento de organismos públicos.
Existe una corporación, prácticamente desconocida, que surgió a la vida institucional como organismo constitucional autónomo en 1994: el Consejo de la Judicatura Federal. En 1999, el Presidente de la Suprema Corte, en una jugada perversa, aprovechó la conmemoración del natalicio de Benito Juárez para pedirle al presidente Zedillo que subordinara el Consejo a la Suprema Corte (con el voto en contra de los ministros Díaz Romero y Azuela). Con la aquiescencia del Senado, se dio una reforma constitucional que convirtió al Consejo de la Judicatura Federal, de órgano autónomo e independiente, como decía la vapuleada Constitución —cuyo 98 aniversario conmemoramos— en otra dependencia de la Corte. Actualmente es el elefante judicial del país. Muchos recursos (48 mil 552 millones de pesos para 2015) y pocas acciones a favor de la justicia.
La Comisión de Justicia del Senado analiza una reforma al Poder Judicial de la Federación. Investigadores de la UNAM, del CIDE y del ITAM plantearon al Senado la necesidad de revisar el funcionamiento del CJF. Entre otros aspectos la circunstancia de que el presidente de la Suprema Corte sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Cuando se produjo esa reforma, Jorge Carpizo, que sabía de lo que hablaba, dijo que hubiera sido mejor desaparecer al Consejo que haber engañado al pueblo de México.
En su concepción original, el Consejo era independiente y separado de la Corte. Con las reformas se estableció que las decisiones del Consejo, originalmente “definitivas e inatacables” (así decía textual la Constitución), podrían ser revisadas por la Corte. La subordinación se expresa por la presidencia de ambos órganos en manos de una persona, que cobra dos sueldos. Tal vez el funcionario público mejor pagado del mundo.
El presidente de ambos órganos interviene en decisiones que después tendrá que revisar. Como si el juez que emite una resolución en primera instancia participara también en la apelación. Si el presidente del Consejo de la Judicatura Federal opta por excusarse en tales decisiones, sean las del Consejo en primera instancia o las de la Suprema Corte como revisora, incumpliría con su responsabilidad, lo que es grave para cualquier funcionario público, pero imperdonable para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si ese es el criterio que prevalecerá, sería más conveniente para la República, desaparecer al Consejo y ahorrar miles de millones en un organismo cuya naturaleza debería ser la autonomía y no una instancia burocrática de la Suprema Corte, que cuesta al año casi lo que el tren de alta velocidad México-Querétaro. Como dijo Carpizo, mejor desaparecer al CJF que seguir engañando al pueblo.
El Senado tiene la palabra, sólo que nadie sabe para cuándo. El domingo se celebró la sesión para declarar la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones. De los 38 panistas sólo asistieron cuatro. Roberto Gil, que preside la Comisión de Justicia, andaba esquiando en Vail. Otros, como Ernesto Cordero y Héctor Larios —seguidores más del quarterback Brady que de sus obligaciones— andaban en el Superbowl. Será cuando regresen.
Ahí cuando puedan.
*Ex consejero fundador de la Judicatura Federal
