Alfredo González
Existen plenas sospechas de que algunas agencias aduanales y sus agentes han operado durante años como una mafia enquistada en el sistema de comercio exterior. Por ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reforma profunda para depurar a quienes manejan el ingreso y salida de mercancías del país.
La encomienda está en manos de Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien deberá construir el andamiaje jurídico, administrativo y legal que permita dar un giro de 180 grados a este sector.
La primera medida será someter a los 860 agentes aduanales registrados en México a exámenes rigurosos y revisiones exhaustivas de expedientes y antecedentes.
En este proceso participarán la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro; la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora; el SAT, dirigido por Antonio Martínez Dagnino; y la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch.
Vale recordar que estas agencias no son accesorias: gestionan trámites de comercio exterior, clasifican mercancías, calculan impuestos, coordinan logística y garantizan el cumplimiento de regulaciones.
Se presentan como aliados de empresarios e importadores, pero la realidad ha mostrado que muchas de ellas han servido de coladeras para el contrabando, relajando los filtros de supervisión e incluso facilitando el ingreso masivo de productos ilegales al país.
El mensaje es claro: la 4T busca “meter en cintura” a quienes convirtieron una función estratégica en un negocio paralelo al crimen organizado.
Lo que debería ser un respaldo legal y técnico para el comercio se transformó en un sistema opaco donde se lava dinero, se omiten impuestos y se normaliza el contrabando.
La operación política y administrativa ya arrancó. Y el golpe será duro: si las aduanas son la puerta de México al mundo, el gobierno no puede permitir que sigan siendo la entrada principal de la corrupción.
LA VOLCADURA DE UNA PIPA de la empresa Silza, ocurrida el pasado jueves en Tijuana y que dejó una persona muerta, no fue un simple accidente: destapó la cloaca de las irregularidades que rodean a la gasera propiedad de Tomás Zaragoza.
En Baja California, Silza ha sido consentida de gobiernos de todos los partidos. Durante el sexenio de Francisco Vega (2013-2019) acumuló la mayor parte de los 17 contratos públicos otorgados en una década, equivalentes a 8.2 millones de pesos.
La historia no terminó ahí. En 2024, la empresa recibió dos contratos del ISSSTE en Baja California por 921 millones de pesos y este año volvió a ser beneficiada con otra adjudicación directa para surtir unidades médicas.
Cambian los gobernadores, cambian los discursos, pero los contratos siguen llegando a la misma puerta.
La tragedia en Tijuana demuestra que el negocio del gas no sólo se mide en pesos, sino en vidas.
Mientras la empresa multiplica ganancias, las irregularidades se normalizan y las muertes se convierten en daños colaterales de un sistema podrido.
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EN EL GOBIERNO nadie lo dice ni lo acepta públicamente, pero las reformas que se han propuesto a la Ley de Amparo tienen dedicatoria para aquellos empresarios y grupos económicos que deben mucho dinero al fisco por no pagar impuestos.
Por lo pronto, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó la semana pasada parte de los cambios, plazos y términos, que se proponen.
Entre otras cosas, se establece la digitalización de procesos en el juicio de amparo, sin dejar de lado lo documental. Y, en materia de suspensión, se busca que no se afecte el sistema financiero.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando la puerta de entrada es corrupta, el país entero se convierte en bodega ilegal”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
