Vivimos un tiempo en el que la realidad ha alcanzado a la ciencia ficción, los viajes espaciales ya no son una utopía de cine: empresas privadas como SpaceX lanzan cohetes con regularidad, la NASA y la ESA planifican misiones a Marte y la Luna, y potencias como China proyectan estaciones en la órbita lunar, en este escenario, hablar de derecho interplanetario ya no es un capricho académico, sino una necesidad estratégica.
En países como Estados Unidos, el tema se discute con seriedad, allí se revisa cómo aplicar —y hasta dónde actualizar— los tratados vigentes, como el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que establece que ningún Estado puede apropiarse de cuerpos celestes, Washington impulsa marcos como los Acuerdos Artemis, que buscan regular la exploración lunar y la explotación de recursos espaciales, no es casualidad: quien dicte las reglas del espacio dictará también el futuro de la economía, la seguridad y hasta la soberanía en el siglo XXI.
En contraste, en México, el tema no aparece en ninguna agenda. Pese a que contamos con tradición en el derecho internacional y con un potencial científico y académico de primer nivel, seguimos sin dar pasos firmes hacia la construcción de un marco normativo nacional sobre actividades espaciales, esto no es una simple omisión: es una oportunidad que se nos escapa entre los dedos.
El Licenciado Horacio Campos Lozada ha sido una de las pocas voces que, con insistencia, ha intentado introducir el tema en el Congreso, s esfuerzo ha sido reiterado: llevar al debate parlamentario la necesidad de sentar las bases de un derecho interplanetario mexicano, pero su iniciativa no ha tenido eco. ¿Por qué? Porque seguimos atrapados en la idea de que el espacio es un lujo lejano, cuando en realidad ya es un campo de disputa presente.
La falta de visión política es preocupante, no se trata sólo de ciencia o astronomía: se trata de soberanía, de economía futura, de la posición de México en un tablero donde pronto se discutirán recursos mineros extraterrestres, asentamientos en la Luna y Marte, responsabilidad por accidentes orbitales y hasta conflictos bélicos fuera de la atmósfera.
Ignorar este tema es condenarnos a ser simples espectadores, en cambio, incorporarlo a nuestro marco legal y académico nos permitiría formar juristas, diplomáticos y legisladores preparados para defender los intereses del país en un escenario inédito.
México necesita un Instituto Nacional de Derecho Espacial, necesita que nuestras universidades impulsen posgrados en derecho interplanetario y que el Congreso asuma con rigor la discusión, porque en la próxima década, los países que no participen en el diseño de las reglas del espacio quedarán subordinados a quienes sí lo hagan.
El espacio no espera, si el Congreso mexicano no entiende que la regulación del cosmos es ya un tema de soberanía nacional, entonces quedará marcado por la historia como la generación política que dejó pasar la oportunidad de sentar a México en la mesa del futuro y no nos engañemos: las reglas del espacio se escribirán, con o sin nosotros, la pregunta es directa a nuestros legisladores: ¿van a seguir votando con la mirada puesta en el suelo… o se atreverán, por una vez, a levantar la vista hacia las estrellas?
