Por: SALVADOR HERNÁNDEZ GARCÍA
Un crimen de leso pueblo, permitir asentamientos humanos en zonas de alto riesgo
En reiteradas ocasiones la Ecología y el Medio Ambiente así como el impacto que los fenómenos meteorológicos suelen causar sobre la población humana en los lugares que habita, han sido tema tratado en ésta columna, y a riesgo de resultar repetitivo me voy a permitir abundar sobre el particular ante la perspectiva de la ocurrencia de lo mismo.
Comenzaré por admitir que está comprobado que por instinto el ser humano es proclive a la tendencia de buscar abrigo y techo para cubrirse de las inclemencias del tiempo, lo que en su caso le garantice la seguridad física propia, familiar y de sus bienes materiales, incluyendo su vivienda y su menaje.
Pero paradójicamente cierto sector de esa población humana suele establecerse en los lugares menos apropiados para ello, en las llamadas “zonas de alto riesgo”, y generalmente lo hacen de manera arbitraria por la vía de la invasión de predios ajenos en donde acostumbran crear los denominados “Asentamientos Humanos Irregulares”.
Y así sucede que éste sector poblacional se muestra por demás vulnera le para sufrir los impactos de los fenómenos meteorológicos que se registran puntualmente año con año. Estas personas por supuesto que mucho antes de que ello ocurra, están plenamente conscientes de los riesgos a confrontar y no obstante persisten en su actitud de retar a la naturaleza.
Podría argüirse en su descargo su necesidad de contar con una vivienda, empero al procurársela en esas condiciones y aún a sabiendas de lo que les espera, esa necesidad puede interpretarse como necedad, y en esa actitud mucho tiene que ver la perspectiva de que el azote de un ciclón, una inundación o la ocurrencia de otro fenómeno meteorológico, los tipifique a la postre como DAMNIFICADOS, lo que niveles de gobierno, y el usufructo gratuito de cierto tipo de prestaciones que generalmente se traducen en la reubicación de esos DAMNIFICADOS en zonas exentas de riesgos, que incluyen muchas veces la dotación de una vivienda, perspectiva fríamente calculada por sus gratuitos beneficiados, lo que desde luego no resulta muy del agrado de los contribuyentes constantes, toda vez que los fondos económicos que se aplican en ese sentido salen de los bolsillos de los pagadores de impuestos.
A mayor abundamiento sobre de éstos excesos populistas puede señalarse que nuestro País, a través de sus Gobiernos en turno, ha sido signatario a nivel internacional de Programas y compromisos relativos a la preservación de la Ecología y su Medio Ambiente, así como al cumplimiento de medidas atinentes a la PROTECCIÓN CIVIL en casos de desastres provocados por determinados fenómenos meteorológicos.
Más sin embargo ocurre que a pesar de que como primera medida está contemplado que la PROTECCIÓN CIVIL se manifieste como preventiva y de acción inmediata, por lo regular esa protección civil suele darse por reacción, es decir, después del suceso y ello se traduce en el dispendio de los fondos públicos, cuando que ello hubiera podido evitarse oportunamente si se hubieran cumplido y solventado a cabalidad las medidas preventivas contempladas para el efecto, una de ellas, desalojando de grado o por fuerza, junto con todas sus pertenencias a las personas y familias que en forma arbitraria han improvisado sus viviendas en esos Asentamientos Humanos Irregulares, bajo el cálculo previo de que tan pronto como alcancen la condición de “Damnificados”, más de un Gobierno en turno les hará usufructuarios y de beneficios que no están al alcance del contribuyente común y corriente, y francamente eso no se vale, particularmente por el hecho de que los mismos Gobiernos no ignoran que la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos, combinados con la invasión de predios ajenos y de zonas de alto riesgo, tales como ciénagas, humedades, playas, barrancas, faldas de cerros y demás de parecida naturaleza física, así como la indiscriminada proliferación de asentamientos humanos irregulares, en la actualidad constituyen una boyante industria, y la mejor oportunidad para hacerse de un terreno y hasta de una vivienda gratuita, bajo el disfraz de damnificado por voluntad propia.
Se mencionó renglones arriba de los compromisos que nuestro País adquirió como firmante de los Programas Internacionales relativos al cuidado de la naturaleza, al preservación de la Ecología y su Medio Ambiente, así como al cumplimiento de los Programas de Asistencia Social y a la práctica de las medidas preventivas de PROTECCIÓN CIVIL, y dentro de todo éste contexto se signó el compromiso –entre otras- de evitar la deforestación y en contraparte promover la forestación, conservar la pureza de los mantos acuíferos, ríos, lagunas, lagos, arroyos y demás cuerpos de agua; preservar los humedales y manglares que constituyan el hábitat de la fauna marina y de las especies de pelo y pluma, así como de las aves nativas y migratorias; cuidar que los montes y bosques no fueran arrasados para convertirlos en praderas de pastoreo para la ganadería extensiva y, sobre todo, vigilar y prevenir que los asentamientos humanos se establecieran sobre las superficies territoriales adecuadas para ello, contempladas bajo los proyectos de la infraestructura del crecimiento urbano de las Ciudades, con base en sus planos reguladores y sus reservas territoriales.
Y todo ello, en su cabal e hipotético cumplimiento ha sido letra muerta. En su caso de ganadería extensiva al arrasar con bosques y montes, ha contribuido al calentamiento de la atmósfera; la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, causados por el desarrollo industrial ha desequilibrado el entorno ecológico; la desecación arbitraria de ciénagas, lagunetas y humedales para establecer sobre sus superficies asentamientos humanos irregulares, ha contribuido sobre todo a alterar las leyes físicas de la naturaleza, y todo ello ha ocurrido debido a que la incuria oficial y el incumplimiento de los compromisos aludidos de antemano lo han propiciado.
Lo deplorable viene a ser que los estragos causados por los fenómenos meteorológicos después de que éstos son confrontados, pudieron haber sido de menores proporciones si los Gobiernos en turno hubieran solventado las medidas preventivas contempladas para éstos casos, las cuales están escritas en las cartillas y manuales correspondientes elaboradas para los efectos consiguientes, mismos que, a la vista de los hechos, suelen no ser aplicados oportunamente y en su momento por los cuerpos de PROTECCIÓN CIVIL que, y se hace preciso reiterarlo, se olvidan de ejercer sus acciones preventivas, tales como el desalojo previo y oportuno de los presuntos damnificados potenciales de los lugares de alto riesgo, y en otro caso se conducen por REACCIÓN, es decir después del suceso y sus consecuencias, mismas que pudieron sino evitadas cuando menos minimizadas de haberse ejercido la acción preventiva a tiempo.
Por lo demás, no resulta ocioso que todos nosotros tomemos conciencia de que la madre naturaleza tiene memoria, y que más temprano que tarde suele presentar al cobro sus facturas, y no deja de acudir puntualmente a rescatar lo que siempre ha sido suyo, llámese laguna, ciénaga, lecho de arroyo o humedal en donde haya sido establecido algún asentamiento humano irregular, de manera que quien persista en seguir ignorando las leyes físicas de la naturaleza podría decirse… “QUE CON SU PAN SE LO COMAN”… y, mientras tanto.
Mientras tanto es de desear que no quede en simple intento y que se cumpla y ejecute a cabalidad la anunciada medida Presidencial pronunciada en el sentido de que se les fincarán responsabilidades ante las Autoridades judiciales, tanto a los fraccionadores que edifican esas unidades habitacionales en zonas de alto riesgo, como a los clandestinos especuladores de las necesidades de vivienda del “lumpen” quienes blindados con el disfraz de “luchadores sociales” y ofertando el clientelismo electoral, fabrican a troche y moche asentamientos humanos irregulares, y, particularmente, a las Autoridades con competencia en la materia, empezando por las representaciones locales a nivel Municipal que ya sea por ignorancia, abuso y corrupción, que para el caso de los mismos, permiten que arbitrariamente se cambie el uso del suelo y tenga lugar esta parafernalia.
