Un delito importante, que puede ocurrir tanto durante la campaña como el día de las elecciones, es la compra del voto, consistente en que alguien condicione por quién debe sufragar el ciudadano a cambio de dinero, bienes, despensas, tarjetas, servicios públicos o programas sociales. Otra anomalía grave es la coacción, cuando alguien mediante la violencia o amenazas ejerce presión para que se vote por cierto candidato o bien para que no se ejerza el voto.
Según datos del Instituto Nacional Electoral, ninguna autoridad puede condicionar el apoyo de algún programa gubernamental o servicio público, ya que ello es una forma clara de coacción y constituye un delito. Respecto al material promocional, su entrega no debe estar condicionada a dar a cambio la credencial de elector, a votar por determinado partido o candidato, o a renunciar a ejercer el derecho a sufragar, porque implicaría la venta del voto.
