Por ISAAC CARBALLO PAREDES
Las confrontaciones entre locatarios del Mercado “Poza Rica” no paran, pues aparentemente la madrugada de este martes se conjuraría un desalojo más en el centro de abasto; sin embargo, fue la directiva legítima de la Unión de Comerciantes quien desmintió el hecho, mismo que fue refutado por Luis Daniel Fuentes Reyes, quien aún se ostenta como líder.
Mediante un comunicado “LUDA”, informó que este martes, en punto de las 5:00 horas, “se agrupó un nutrido grupo de locatarios para impedir una orden de desalojo más y esperando el cuerpo de Seguridad Pública del Estado en el Mercado ‘Poza Rica’, a fin de desalojar el inmueble número 73, movimiento que no se pudo efectuar por la resistencia del grupo de comerciantes mencionado (sic)”.
Sin embargo, la Secretaria de interior de la Unión de Comerciantes del Mercado “Poza Rica”, Marcela Vicencio Galindo, desmintió tales hechos, aseverando que no hubo tal intento de desalojo, versión que fue confirmada por los integrantes de la Comisión de Vigilancia Interna del centro de abasto.
Dicha comisión es la encargada de realizar la vigilancia las 24 horas en el interior del zoco, por lo que de haberse generado un intento de desalojo lo habrían notificado inmediatamente al comité ejecutivo; sin embargo, los vigilantes afirmaron que jamás se registró tal movimiento de resistencia.
En versión de Luis Daniel Fuentes Reyes, las amenazas de desalojo son producto “de la voracidad de Candelario García Urbina, (quien supuestamente es el apoderado legal del mercado) y de los propios compañeros que han comprado locales a este abogado”, por ello han optado por la resistencia civil para evitar que les sea arrebatado su patrimonio.
De acuerdo al comunicado, el problema que tienen ahora los locatarios del Mercado “Poza Rica” se originó hace más de 20 años, cuando apareció García Urbina, quien aseguró ser el dueño de la deuda con una fe de hechos realizada en el estado de Puebla, donde él menciona ante un notario público que subasta y se adjudica los locales de este centro de abasto, y que lamentablemente el Gobierno le donó en 1994 a los apoderados legales que hipotecaron este zoco.
