Zacatecas y la violencia que no para
ALEJANDRO HOPE
Hace un par de días, los vecinos de una colonia popular en la ciudad de Zacatecas despertaron con una escena de terror: un cadáver rociado de balas y gasolina, en llamas, expidiendo un penetrante olor a carne quemada.
Ese cuerpo calcinado vino a añadirse a la ya amplia galería del horror zacatecano. En la última semana, como narró hace unos días en estas páginas Héctor de Mauleón, el estado ha sido escenario de múltiples hechos de violencia extrema: cadáveres mutilados, extremidades sueltas, cuerpos sin cabeza y cabezas sin cuerpo, víctimas con mensajes intimidantes, víctimas que son el mensaje. Y esas señas de la barbarie se han encontrado lo mismo en la capital del estado que en Fresnillo y Guadalupe, lo mismo en zonas urbanas que al descampado.
En total, 18 víctimas de violencia extrema en cuatro días.
Todo esto sucede unas semanas después de que el gobierno estatal presumiera en un comunicado los resultados del llamado Plan Zacatecas II, un programa federal de apoyo a la entidad. Según esto, “Zacatecas se encuentra fuera de las entidades con los mayores índices de homicidios dolosos, que recaen en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.” Pues en términos absolutos, es correcta la afirmación. En términos relativos, medido como tasa por 100 mil habitantes, no tanto: allí Zacatecas se ubica en primer o segundo lugar de la tabla, dependiendo del mes.
El gobierno zacatecano también puso relieve en “la aprehensión de 57 objetivos generadores de violencia” desde el 25 de noviembre de 2021 al 15 de abril de 2022. A esto le denominó el Plan Cero Impunidad. Aquí vale la pena destacar el número y el periodo. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, se abrieron en el estado de Zacatecas 321 carpetas de investigación por los delitos de homicidio doloso y feminicidio. Como que la impunidad parece un poco lejos de cero (y eso sin considerar las 1065 carpetas abiertas por los mismos delitos entre enero y noviembre de 2021).
Pero, además, resulta que muchas de esas personas no están acusadas de homicidio: sus nombres aparecían en 57 órdenes de aprehensión “por la comisión de diversos hechos delictivos, como son homicidio, feminicidio, violencia familiar, violencia sexual, robo con violencia, narcomenudeo y secuestro”.
El comunicado es profundamente revelador: muestra que las autoridades estatales siguen tratando de minimizar el tamaño del problema, persisten en usar métricas inadecuadas y no ponen el acento en la investigación criminal. No paran los homicidios en Zacatecas porque nadie investiga, procesa ni sanciona a los homicidas.
Y es odioso decir que se dijo, pero se dijo. En noviembre pasado, cuando se anunció el plan de apoyo a Zacatecas (ahora conocido como Plan Zacatecas II), escribí lo siguiente: “¿Quién, entonces, va a tener la responsabilidad de enfrentar el problema que supuestamente motivó el plan? Allí tendrían que entrar dos actores claves: 1) las fiscalías (la federal y la estatal), y 2) las policías estatales y municipales. Las primeras ni siquiera estuvieron presentes en el evento: las palabras ‘procuración de justicia’ no aparecieron por ninguna parte. Y en cuanto a las corporaciones locales, lo único que se ofreció fue apoyo para que, en un plazo indeterminado, ‘el 100 por ciento de la policía de Zacatecas obtenga el Certificado Único Policial’. Y en materia de investigación criminal, solo se estableció un compromiso de ‘coadyuvar en la judicialización de asuntos prioritarios’.”
