Recaudación, magnates y persecuciones
MARIO MALDONADO
A medida que la economía se desacelera y las necesidades de generar ingresos presupuestarios aumentan, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una estrategia conjunta para presionar a grandes empresas, multimillonarios y políticos a que paguen más impuestos o enfrenten la ley.
En diciembre pasado se ventiló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación masiva a políticos, exfuncionarios, artistas y funcionarios en activo, los cuales tienen cuentas en paraísos fiscales. El actual titular de la dependencia, Pablo Gómez, desempolvó varios de los expedientes que dejó su antecesor, Santiago Nieto, y agregó nuevos. En total fueron 130 solicitudes, de las cuales se conocieron 79.
Ahora se sabe que también muchos multimillonarios del país –por lo menos el top 50 de la lista de Forbes– también son investigados, junto con sus empresas. El objetivo: presionarlos financiera y políticamente.
La preocupación de los magnates es que se comienzan a enterar que las autoridades del país han solicitado la colaboración de instancias internacionales para conocer todos sus movimientos financieros y cualquier dato relevante que esto pueda arrojar, sin responder a una sospecha específica y exigiendo información de hasta 10 años de antigüedad.
Además, dichas indagatorias se hacen totalmente a discreción, sin especificar de qué se les acusa o si forman parte de una investigación, y exigiendo que no se notifique a los involucrados.
A pesar de que los ingresos del gobierno al primer cuatrimestre de este año fueron ligeramente mayores a los esperados (5.9% más, por los excedentes petroleros), la realidad es que los ingresos fiscales han sido sostenidos por la recaudación secundaria, algo que los expertos conceptualizan como estrategias o acciones de auditoría y que los fiscalizados consideran una persecución del SAT para exprimir sus ingresos, principalmente a través del impuesto sobre la renta (ISR), que subió 17.7% al cierre de abril.
Poco más de seis de cada 10 pesos que se han obtenido por ingresos tributarios en lo que va del año provienen de esta recaudación secundaria, sobre todo de las estrategias de presión que el SAT dirige hacia los grandes contribuyentes, quienes representan más de la mitad de todos los impuestos que se colectan.
Por el contrario, sólo 38% de los recursos adicionales sale de la recaudación primaria, es decir, del impulso o crecimiento económico.
De esta forma, los ingresos tributarios, deprimidos por una baja actividad económica y empresarial, son impulsados por acciones recaudatorias que, en algunos casos –dicen los propios implicados– llegan a rayar en casos de extorsión, con procesos legales poco claros y estructurados, los cuales comprometen la solvencia económica del contribuyente.
Las grandes empresas y sus adeudos fiscales –así como sus operaciones de fusiones o adquisiciones– son la gallina de los huevos de oro de la 4T, una fuente de recursos que eventualmente va a agotarse y que apenas alcanzó para empatar los ingresos de uno de los periodos más críticos de la pandemia por Covid-19.
El SAT presume haber recaudado unos 250 mil millones de pesos de las grandes empresas en lo que va del sexenio, y calcula que le falta recuperar 200 mil millones más; es decir, casi los 500 mil millones de pesos que el presidente López Obrador se comprometió a recuperar por la corrupción, y de lo que nunca se supo más.
El costo puede ser mayor que el beneficio, en un país donde la inversión privada no crece y las empresas extranjeras ven cada vez con mayor recelo a México.
