Sobre violencia y elecciones
ALEJANDRO HOPE
En dos días habrá elecciones en seis entidades federativas. Si bien no se puede cantar victoria todavía, el proceso ha sido razonablemente pacífico en comparación con lo sucedido en 2018 y 2021.
¿Qué explica la diferencia? ¿Por qué no hemos visto en este ciclo electoral una larga cadena de agresiones, algunas letales, en contra de aspirantes, candidatos, funcionarios y políticos locales? No tengo una respuesta completa, pero van algunas hipótesis.
Primero, el asunto es simplemente numérico. El año pasado, hubo elecciones federales en todo el territorio y elecciones estatales en 30 entidades federativas. Este año, hay comicios en seis estados y solo en uno (Durango) se eligen gobiernos municipales a la par de la disputa por la gubernatura. De miles de posiciones y miles de aspirantes pasamos a unas decenas. Eso significa menos puntos de disputa y menos blancos potenciales.
Segundo, el corazón de la violencia político-electoral está en los procesos municipales. De acuerdo a Etellekt, una empresa de consultoría que ha llevado un análisis detallado del fenómeno desde hace varios años, 77% de los aspirantes y candidatos que sufrieron una agresión en el ciclo 2020-2021 competían por cargos municipales, contra 15% que aspiraban a un cargo estatal y 8% que buscaban una posición federal. A menos comicios municipales es previsible una disminución de ataques asociados al proceso electoral.
Tercero, si bien la violencia político-electoral ocurre en todo el país, la intensidad del fenómeno es altamente heterogénea a lo largo del territorio. En el ciclo 2020-2021, Etellekt registró 1,066 incidentes de violencia político-electoral (no letal en su inmensa mayoría) en las 32 entidades federativas. De ese total, un poco más de 50% ocurrió en 6 estados (Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas). Tan solo Veracruz y Puebla concentraron 25% del total.
De los estados que tienen elecciones el próximo domingo, solo Oaxaca se ubica en los primeros diez estados con mayor número de incidentes en el ciclo 2020-2021. De hecho, si se suman los seis estados en disputa este año, se llega a 15% del total de los incidentes registrados en el proceso electoral previo. Y de ese 15%, Oaxaca representa dos terceras partes.
Cuarto, es imposible recordar que no toda la violencia político-electoral tiene su origen en lo que denominamos con cierta imprecisión “crimen organizado”. Hay delitos y agresiones que están vinculados a choques entre aspirantes y grupos políticos. Hay conflictos inter e intracomunitarios que se desbordan al momento de las elecciones. Hay cadenas de venganza cuyo origen se pierde en el tiempo. Esas violencias más cotidianas y más locales tienden a expresarse mucho más cuando lo que está en juego es el poder municipal, no la sede del poder estatal.
En resumen, esta es una elección relativamente pequeña, con pocos cargos en juego, sin un fuerte componente municipal y celebrándose en estados relativamente pacíficos. En esas circunstancias, eran previsibles unos comicios razonablemente tranquilos con un número limitado de incidentes violentos.
Pero todo lo que ha apaciguado este proceso se va a revertir en 2024. Allí, casi todo el país va a elegir gobiernos municipales, incluyendo los estados con mayor tradición de violencia político-electoral (Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, etc.). Se puede por tanto pronosticar que las buenas noticias de este año no se replicarán en 24 meses.
