Inflación, ¿y después de la política monetaria?
GABRIELA CUEVAS
El Fondo Monetario Internacional (FMI) “proyecta que el crecimiento mundial se desacelere del 6,1% estimado para 2021 a 3,6% en 2022 y 2023”, así como “una inflación proyectada para 2022 de 5,7% en las economías avanzadas y de 8,7% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo”.
Este incremento en la inflación es grave porque disminuye el poder adquisitivo de las familias y beneficia a quienes abusan de la volatilidad en los precios y la poca información que tienen los consumidores.
Durante los últimos meses hemos observado incrementos significativos en las tasas de interés para poder frenar creciente inflación en varios países, pero está lejos de ser suficiente y puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento y para generar las urgentes condiciones de bienestar que tanto dañó la pandemia.
Además de este contexto, algunas potencias modificaron sus políticas económicas para incentivar industrias que sustituyeran importaciones, la parálisis de la pandemia modificó las cadenas de suministro y las alteraciones en la vida productiva ocasionaron serias fluctuaciones en el valor de combustibles y materias primas.
Para enfrentar esta compleja situación se requiere que los gobiernos desarrollen una estrategia inteligente, innovadora, incluyente e integral. Para combatir la inflación necesitamos más que política monetaria.
Los gobiernos nacionales y locales tienen que ser líderes y ejemplos de austeridad. Los gobiernos deben hacer acuerdos con sus proveedores para que mantengan los mismos precios en 2022 y 2023 a cambio de que sus pagos se expidan de manera más rápida y así mejoren las condiciones de financiamiento.
No se le puede pedir a la gente que se apriete el cinturón si nuestros representantes no lo hacen; en 2023 no debe existir incremento alguno a los impuestos y derechos, ni siquiera lo que represente la inflación porque el gobierno no debe ser quien lastime el ingreso de las familias. El combate a la corrupción es más importante que nunca. De acuerdo con el Inegi, la corrupción cuesta en promedio $3,044 pesos a cada mexicano.
Por otra parte, la protección a los consumidores es indispensable. La Profeco podría establecer convenios para que los estados y municipios se conviertan en coadyuvantes en verificaciones y vigilancia, y para desarrollar micrositios y aplicaciones que permitan comparar precios en tiempo real.
En municipios de alta marginación se podría implementar la misma política que Sri Lanka (donde el contexto es mucho más grave que el resto del planeta) donde se otorgan facilidades a la población para cultivar algunos alimentos indispensables en sus hogares. Adicionalmente, considerando que México es gran productor de alimentos, las autoridades podrían facilitar el comercio directo entre agricultores y consumidores para que ambos obtengan mejores precios.
Es urgente dinamizar las políticas de atracción de inversiones, que los gobiernos y legisladores realicen una seria y profunda simplificación administrativa e implementen políticas fiscales como la deducción acelerada, que brinden condiciones de certidumbre, y desarrollen plataformas legales y financieras para la innovación y el emprendedurismo (como lo acaba de anunciar la OTAN).
Los países no están condenados a elegir entre inflación y tasas de interés, pero los gobiernos sí están obligados a pensar en soluciones más profundas y de largo alcance para que la inflación no sepulte los históricos incrementos en los salarios que ya se habían alcanzado.
