Contra la corrupción
LOURDES MORALES
La semana pasada se nombró por unanimidad al nuevo secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata del primer cambio en esta posición estratégica desde que empezó a funcionar el sistema. Con esto se abre la posibilidad de convocar a un diálogo social amplio para atajar el fenómeno de la corrupción más allá de las percepciones.
El Informe País Sobre el Combate a la Corrupción en México 2020 (combatealacorrupción.mx), realizado por un amplio grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara, bajo la coordinación de Mauricio Merino brinda las claves para enderezar el rumbo.
A partir de fuentes oficiales y en base a más de mil solicitudes de información, esta investigación pone a disposición de cualquier interesado, información estadística en formatos abiertos que da fe del desastre.
El trabajo se centra en el primer año de la puesta en marcha de la política nacional anticorrupción. Esta hoja de ruta que debió de ser prioritaria, de manera inexplicable fue aplazada durante cinco años.
Lo primero que llama la atención es que las causas que alimentan la corrupción en el país siguen estando intactas.
Recordemos que durante el sexenio anterior y frente al hartazgo por los múltiples abusos hubo una movilización social que generó una importante reforma en materia de combate a la corrupción. La reforma buscó fortalecer contrapesos institucionales, generar incentivos para la participación social en el combate a la corrupción y producir información útil para proponer mejoras, detectar fallas e investigar delitos. Todo esto diseñado en un esquema de meritocracia, vigilancia social y coordinación. El mismo impulso llevó a millones a las urnas para un cambio de régimen.
La realidad es que a la fecha sigue existiendo un sistema de botín, caracterizado por el reparto de puestos públicos en base a lealtades. El ya de por si débil sistema profesional de carrera que buscaba privilegiar el mérito, la competencia, y el buen desempeño ha sido desdeñado y acotado. En otras plazas del gobierno federal, sobresale la práctica de contratar a miles de funcionarios sin descripción de puesto específico y, por lo tanto, sin claridad de mandato. Es difícil por no decir imposible, exigir buenas cuentas a quien no tiene certeza sobre los alcances de sus responsabilidades.
De igual forma, el sistema de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos no tiene buenos resultados. Con la información disponible, es imposible trazar la ruta del dinero, incluidos los supuestos ahorros derivados de la austeridad. Se confirman los hallazgos de otras investigaciones realizadas por organizaciones sociales en donde, contrario a lo que señala la ley y bajo el pretexto de la pandemia, se sobreutiliza la figura de la adjudicación directa sobre la necesaria licitación pública. La excepción se vuelve la regla.
En cuanto a la información pública, se ha logrado que las instituciones publiquen información. Sin embargo, existen fuertes discrepancias y deficiencias en la calidad entre una institución y otra. Esto equivale a tener dos diagnósticos diametralmente distintos sobre una misma enfermedad.
Finalmente, se registran serias deficiencias en las investigaciones que se requieren para sancionar faltas administrativas graves o los delitos de corrupción. Bajo este esquema, los incentivos parecen estar alineados para que la corrupción se perpetúe. La investigación confirma que con las herramientas existentes podría atajarse el problema de la captura. Si tan solo así se quisiera.
