La otra cara del desabasto de agua
Francisco Rivas
El país pasa por una severa crisis de falta de agua. Si bien este año es un problema que compartimos con gran parte del mundo, en México el desabasto de agua se debe a malas decisiones de política pública y el desinterés e incapacidad del Estado por sancionar delitos ambientales.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 81% del territorio nacional se encuentra en algún nivel de sequía y de las 210 presas que hay en México, 116 están a menos del 50% de su capacidad.
La delincuencia juega un papel prioritario: gracias al enorme control que tiene sobre el territorio nacional, los criminales se adueñan de los manantiales y los cauces naturales del agua; efectúan una serie de tomas clandestinas de los ductos y extorsionan a comunidades y al sector productivo para su distribución.
Ya sea que cobren cuotas a las comunidades para recibir pipas o “pidan piso” a los agricultores o empresarios, es un hecho que la delincuencia organizada lucra con la distribución del agua.
Por otro lado, la tala clandestina; la minería ilegal; el vertedero ilícito de basura; el uso de químicos altamente contaminantes; la venta de plaguicidas, fertilizantes o semillas pirata, son delitos con los cuales la criminalidad común u organizada termina por reducir, contaminar o hacer inutilizable una parte del agua.
Si los delincuentes pueden detener el comercio y distribución del agua y pueden afectar la naturaleza, es porque el gobierno federal y los locales han permitido la absoluta impunidad entorno a los delitos en contra del medio ambiente.
Aunado a ello, las malas decisiones de la administración de López, abonan a que el problema siga creciendo en el futuro:
- La falta de una estrategia en seguridad permite que los delincuentes sean cada vez más poderosos y se adueñen de los espacios que el Estado abandona.
- La visión obsoleta de la seguridad excluyó a los delitos ambientales de la agenda de gobierno, pese a que estos son temas de seguridad humana y nacional.
- La negligencia en el mantenimiento de la infraestructura lleva a que un 40% del agua potable se pierda por fugas.
- Los recortes presupuestales a Conagua, la eliminación de los fideicomisos que apoyaban el cuidado del medio ambiente, hacen imposible proteger manantiales y cauces.
- Implementa proyectos que deforestan y agreden al medio ambiente.
- Abandonó las energías limpias en favor de las energías fósiles que tienen efectos altamente contaminantes.
Es decir, el gobierno federal está incumpliendo los acuerdos internacionales -como la Agenda 2030 o el Tratado de Paris- y siendo un actor clave en la crisis del agua que vivimos en México.
Desde la cancelación de proyectos de energía limpia y el impulso a usar más carbón y gasolina; hasta la modificación de las rutas aéreas en la capital -incluso si el AIFA es un fracaso en término de operaciones, fue necesario cambiar las rutas de despegue y aterrizaje de los aviones al AICM con el consecuente aumento del uso de turbosina-, las políticas del gobierno de López generan más contaminación.
Por su parte, la cancelación de NAIM privó a la capital del proyecto de desarrollo del mayor bosque urbano del mundo, que ocuparía el espacio del actual aeropuerto Benito Juárez; para la construcción de la refinería de Dos Bocas se habían talado ya en 2020 12 hectáreas de manglares y para la construcción del Tren Maya se talaron más de 20 mil árboles.
Este último ecocidio puso en riesgo a especies protegidas; atenta contra cenotes y ríos subterráneos de la zona e impide una supervisión civil de la calidad del proyecto, dado que el presidente lo decretó como de “seguridad nacional”.
De acuerdo al INEGI y a la organización internacional Greenpeace, el programa Sembrando Vida, que el gobierno federal define como “el programa de reforestación más grande del mundo”, ha tenido como efecto deforestar más de 2,500 hectáreas de bosques y selvas sin que exista evidencia de que haya abonado a la reforestación del país.
Mientras en México el presidente impulsa las energías altamente contaminantes, promueve ecocidios y desprecia a los ambientalistas -que en esta administración han sido víctimas de homicidio y desaparición, mucho más que en los dos sexenios anteriores-, en el mundo los gobiernos y empresas impulsan la agenda verde.
La ola de calor que este año se sufre en gran parte del mundo -en México, según el Servicio Meteorológico Nacional en los próximos meses 20 entidades tendrán temperaturas superiores a los 30 grados; 6 llegarán a temperaturas entre 40 y 45 grados mientras que en Baja California, Chihuahua y Sonora, se rebasarán los 45 grados- ha llevado a una serie de acciones para urgir a políticos y empresarios a hacer más.
Tan sólo el pasado 22 de julio, la Galleria degli Uffizi en Florencia, fue escenario de una protesta por parte de ecologistas quienes pegaron sus manos al cristal que protege “La Primavera” de Sandro Botticelli, para urgir acciones concretas para atender la crisis ambiental y hace 3 meses, con ese mismo fin, se efectuaron protestas pacíficas en 30 países por parte de la comunidad científica.
Entre las tantas deudas que este gobierno nos heredará estará la de una delincuencia organizada más poderosa, instituciones más corruptas e ineficaces para combatirla y un medio ambiente más contaminado.
El próximo gobierno deberá recuperar de la delincuencia el control del territorio, de los mercados lícitos e incluso del agua. Deberá tomar decisiones difíciles como la reconfiguración de la infraestructura que produce energía -para modernizarnos y transitar a las renovables y limpias- y probablemente a cancelar proyectos e invertir en un serio programa de reforestación, tras la grave destrucción del medio ambiente del gobierno de López.
