Coahuila: elección, candidatos y la tragedia minera
MARIO MALDONADO
El proceso electoral del Estado de México imanta los reflectores por el peso que representa una entidad con 13% del padrón nacional de votantes, el mayor porcentaje de los estados del país, la cual es gobernada por un grupo político que ha marcado su historia en las últimas décadas: el poderoso Grupo Atlacomulco. No obstante, en 2023 también se definirá la gubernatura de Coahuila, otro bastión priista que se ha mantenido igualmente bajo el control de una dinastía, la de los Moreira.
En este caso, el del estado norteño, se da por descontado que el candidato que resultará victorioso será el que abandere Morena, y es precisamente en el interior de este organismo político donde se darán las pugnas para definir al próximo gobernante. El PRI tiene claridad sobre este escenario, por lo que el hermano con mayor influencia del clan Moreira, el diputado federal Rubén Moreira, ya puso sus ojos y apoyos sobre una figura pragmática del morenismo: el senador Armando Guadiana.
El empresario minero es una de las cartas que maneja la 4T para gobernar Coahuila en 2023. Fue el candidato de este movimiento en 2017, cuando compitió contra el actual gobernante Miguel Riquelme, del PRI, y contra el candidato de Acción Nacional, Guillermo Anaya. Las versiones apuntan a que, desde entonces, Moreira lanzó a Guadiana para conseguir una apretada victoria del priismo contra el PAN, la cual terminó por decidirse en los tribunales.
Guadiana es la apuesta por una disfrazada continuidad, pero su futuro se complica si se toma en cuenta que el senador ha tenido diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador por puntos de vista opuestos respecto a la técnica del fracking y la política minera del gobierno federal. Además, si se llegan a confirmar los vínculos del legislador morenista con la mina involucrada en el derrumbe que mantiene atrapados a 10 trabajadores, su destino quedará marcado. Hasta el momento se ha confirmado que Minera Catamco sí tiene relación legal con Abel Alvarado Tijerina, medio hermano del senador.
Otro de los aspirantes a la candidatura morenista es Luis Fernando Salazar, con un pasado panista y calderonista. Formó parte de la bancada del PAN en el Senado que aprobó la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, el mismo grupo que integraban Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez. En 2017 intentó arrebatarle la candidatura panista a Guillermo Anaya, pero se vio afectado por la filtración de un audio de índole personal que lo reveló como victimario de violencia de género.
Salazar, adoptado por el morenismo en 2018 y con trayectoria como diputado federal bajo los colores de este movimiento, es el proyecto del calderonismo para controlar otro gobierno estatal más, como ya lo hicieron durante seis años con el estado de Tamaulipas y como lo hacen actualmente con el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa en Puebla, con quien este grupo de exsenadores y otros mantienen una férrea alianza.
Finalmente, la carta de Palacio Nacional es el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, placeado todos los jueves en la conferencia de prensa mañanera dentro de la sección bautizada como “Cero Impunidad”, en la que se dan a conocer los supuestos avances en materia de justicia y seguridad. Mejía ha sido considerado también para la FGR, de ahí la naturaleza de su sección, pero ante la imposibilidad de imponer su perfil en el Senado, el funcionario mira hacia otros horizontes.
Las aspiraciones del subsecretario están conectadas directamente con la política de seguridad y con los resultados en la materia, por lo que, en definitiva, una eventual postulación o victoria se ven aún lejanas. Asimismo, la desprestigiada Secretaría no está para servir nuevamente como trampolín de otro gobernador, pues no se ha logrado recuperar del impacto que le dejó Alfonso Durazo.
