Lavado de dinero en la trata de personas, desafíos para su atención
FRANCISCO RIVAS
Este miércoles 24 de agosto en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el estudio Lavado de dinero en la trata de personas, desafíos para su atención, documento que busca sentar un antecedente en la construcción de tipologías de lavado de activos derivados de alguna de las modalidades de trata de personas, para que estos se puedan combatir con efectividad.
Según datos de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas es uno delitos más lucrativos para la delincuencia organizada y uno de los menos investigados y sancionados por la autoridad.
Este ilícito incluye la explotación reiterada de una persona, frecuentemente engañada y donde el victimario mantiene el control de la víctima mediante amenazas y violencia. Por ello, la trata de personas es conocida como la esclavitud moderna.
Existen diferentes modalidades de trata, la más fácil de identificar es la de explotación sexual, en la que la gran mayoría de víctimas son mujeres. Sin embargo, existen otras modalidades como la trata con fines de explotación laboral y la mendicidad forzada que son muy frecuentes, aunque poco visibilizadas.
La forma de trata menos común es aquella donde la víctima es utilizada para experimentación médica o sustracción de órganos, debido a la sofisticación que se requiere para ejecutar este delito.
Pese a que desde hace décadas a nivel internacional este delito se persigue con mucha fuerza -se investiga, se usa inteligencia para desarticular redes criminales, se han creado programas y sistemas de protección de las víctimas- y que en nuestro país la primera ley que define el tipo penal, responsabilidades, sanciones y sistemas de atención a las víctimas es de hace 20 años, su combate al día de hoy es muy incipiente.
Es relevante recordar que nuestro país registra un grave problema de trata. México es destino, territorio de paso y lugar de origen de niñas, niños, mujeres y hombres víctimas de trata.
Por ello y con base en la información que manejan las fiscalías, policías locales y fuerzas federales, sabemos que este delito se comete con mucha frecuencia en todo el país.
En contraste, tan sólo si revisamos el número de carpetas de investigación que se iniciaron este año por parte de las fiscalías locales, podemos entender la falta de denuncias de las víctimas y de acciones de la autoridad.
Si analizamos el periodo enero-julio 2022, 4 entidades reportan en 0 las víctimas de este delito: Campeche Durango, Nayarit y Sonora a la fecha no registraron ninguna víctima y Tlaxcala -la entidad reconocida como capital nacional de la trata de personas- reporta sólo una víctima en dicho periodo.
De manera contraria, que Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México y Quintana Roo ocupen los primeros cinco lugares del ranking nacional habla más del compromiso en el combate a este delito que de si son los estados donde es más frecuente este tipo de victimización.
Sin embargo, los esfuerzos locales están lejos de ser lo que necesitamos, deberían estar acompañados de una estrategia nacional y una coordinación liderada desde lo federal, que no existe y que es fundamental para erradicar este delito.
La negligencia del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, del Ejército, del Instituto Nacional de Migración, de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera, hacen que el esfuerzo local sea absolutamente insuficiente y que decenas de miles estén condenados a la esclavitud.
Conscientes de todo ello y conocedores que la mejor manera para combatir los delitos es pegarle al bolsillo de los delincuentes, en el ONC publicamos el estudio Lavado de dinero en la trata de personas, desafíos para su atención, para visibilizar el problema y aportar soluciones concretas.
