Los gestores de la SICT
MARIO MALDONADO
Uno de los principales retos del nuevo encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño, será combatir el nepotismo y tráfico de influencias de funcionarios y exfuncionarios de la dependencia que sirven como gestores para beneficiar a empresas y despachos con contratos.
En este espacio se reveló cómo el exsubsecretario de Infraestructura, Cedric Escalante Sauri, puso a su exsocio Francisco Chavoya Cárdenas como director general de Carreteras en la SCT, con lo que se ha beneficiado a decenas de empresas privadas.
También dimos cuenta de los contratos que ha otorgado el Centro SCT del Estado de México, que dirige Apolonia Martinez Yañez, una exfuncionaria del gobierno mexiquense a quien el secretario Jorge Arganis Díaz puso en ese encargo tras haber trabajado con ella en la planta de asfalto de la Ciudad de México donde forjaron una cercana relación.
En el autotransporte hay historias similares. Perfiles como el de Gamaliel Pérez Pérez, que podrían pasar desapercibidos en el panorama general de la SICT, exponen cómo los gestores se han convertido en el verdadero negocio de exfuncionarios de la dependencia.
Su trayectoria en el servicio público inició en 1983 como Inspector de Autotransporte de la SCT en Toluca y se mantuvo allí hasta 1990. A partir de entonces pasó por distintos puestos de inspección y vigilancia en la Secretaría, incluyendo vías generales de comunicación, en la Ciudad de México (1990-1996), Quintana Roo (1997-2002), Toluca nuevamente (2003-2004), Veracruz (2005-2018) y finalmente Tamaulipas, de donde fue dado de baja como funcionario federal en 2019.
Durante 36 años, Pérez retuvo y utilizó estas posiciones de confianza en la SCT para fungir simultáneamente como inspector y gestor de empresas a nivel nacional, es decir, como juez y parte, y construyó un andamiaje que le permitió incurrir en presuntas irregularidades que actualmente son investigadas por el SAT.
Una de las principales líneas de investigación es su relación con Mónica Gaona Escobar, quien se declara directora general de SICCSA Soluciones en Autotransporte, un negocio informal dedicado a “brindar servicios de gestoría en trámites para autotransportes federales y autos particulares”, y con quien Pérez tiene participaciones coincidentes en la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.
En las investigaciones se identificaron transferencias y depósitos en efectivo vinculados con servicios irregulares de gestoría y trámites extraoficiales ofrecidos por SICCSA. También que entre enero y junio de 2020 recibió alrededor de un millón de pesos, incluyendo depósitos en efectivo que fueron redistribuidos a otras personas y entidades del sector, de forma mensual. Asimismo, hay una pesquisa en su contra por estar presuntamente involucrada en el robo de cientos de placas.
Además, las autoridades siguen los movimientos y la operación de una sociedad de producción rural llamada Zirándaro Progresa, S.P.R. de R.L., operadora de un rancho en Guerrero de la que Pérez es accionista y que implica la posible manutención de animales exóticos, así como la producción y distribución de carne en Guerrero y CDMX.
Así, junto con la toma de casetas –que provoca un daño financiero al Estado de 4 mil millones de pesos al año–, los bloqueos carreteros, la infiltración en puestos de toma de decisiones, la gestoría extraoficial es la moneda de cambio corriente en la SICT. El propio Jorge Nuño ha sido acusado de presuntamente beneficiar a despachos de calderonistas y peñistas a los que enviaba a todas las empresas interesadas en participar en licitaciones.
Mucho trabajo por hacer en la SICT para desterrar la corrupción.
