La pelea por el control de las aduanas
MARIO MALDONADO
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió una semana sin decidir al funcionario que tomará las riendas de la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM). Mientras tanto persiste la lucha de las Fuerzas Armadas por oficializar el control que ya tienen de los puntos fronterizos, así como de los multimillonarios recursos para equipamiento que guardan los fideicomisos de este sector, susceptibles de mantenerse en la opacidad y lejos de los procesos fiscalización.
El hackeo a la Sedena por parte de los activistas de Guacamaya complicó una decisión que parecía cantada: el arribo de un general militar a la posición que dejó vacante Horacio Duarte. Y no es por la vulnerabilidad que muestra el Ejército con las filtraciones, sino por la pérdida de confianza —mínima, pero perceptible— que López Obrador experimentó respecto a su general secretario, a quien regañó airadamente en una reunión del gabinete de seguridad, como lo dimos a conocer en esta columna hace unos días.
Aun en este escenario, la Sedena de Luis Cresencio Sandoval controla operativamente los puntos aduanales, además de que han empezado a meter la mano al millonario FACLA, el Fideicomiso para Administrar las Contraprestaciones del Artículo 16 de la Ley Aduanera, sin importar que un porcentaje importante de esa bolsa de recursos que rebasan los 80 mil millones de pesos es para inversión en aduanas que controla la Semar.
La oficialización de una cabeza militar en la Agencia de Aduanas, además de confirmar una inclinación presidencial hacia el Ejército y no hacia la Marina, redundaría en más libertad para el manejo de recursos. También pondría punto final a un largo debate jurídico sobre la posibilidad de fiscalizar el fideicomiso aduanero al sustentarse todas las compras, incluidas las de servicios y materiales bajo el concepto de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la coyuntura obliga a esperar y a mantener esperanzas sobre la llegada a esta posición de un administrador civil, por lo que ha circulado el nombre de Carlos Narváez Romero, asesor de Servicios Logísticos y Aduanero, impulsado por el llamado “Grupo Tabasco”; y también el de Eliseo Rosales López, actual responsable de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, este último es la esperanza de Duarte Olivares por dejar en su equipo el control de la ANAM.
En este contexto, las compras de aduanas siguen en manos de la directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, Araceli Hernández Perea, un personaje que nada tiene que ver con los marinos ni con los militares y, según comentan al interior del organismo administrador, tampoco con quien coordinará la campaña de Morena para la elección mexiquense. El currículum de la funcionaria la ubica más bien como cercana a Raymundo Collins, prófugo de la justicia.
En lo que va del año Hernández Perea ha adjudicado directamente mil 800 millones pesos en servicios de mantenimiento de equipos tecnológicos, seguros patrimoniales, viajes nacionales e internacionales, compra de artículos de papelería, materiales para archiveros, talleres motivacionales y de inteligencia emocional, limpieza y fumigación de los inmuebles y hasta entradas para los empleados al parque de diversiones Six Flags.
Llama la atención un contrato por más de mil 300 millones de pesos para Seguritech de Ariel Pickerpor por concepto del “Servicio de Atención y Solución de Fallas para Equipos Móviles de Revisión No Intrusiva”. También resulta sospechosa la contratación por 276 millones de pesos del “Servicio para la Atención y Soluciones de Fallas para Equipos Fijos de Rayos X Astrophysics para revisión de Equipaje”, entregado a una firma de nombre Ingeniería Operativa SA de CV.
Asimismo, son difíciles de explicar los 40 millones de pesos adjudicados directamente a ServiPro de México SA de CV para el “Servicio de control de riesgo por fauna nociva”, es decir para la fumigación de los inmuebles aduaneros.
