Rosarito: paraíso de turistas y Hollywood, asediado por cobro de piso
MARIO MALDONADO
El municipio de Playas de Rosarito, Baja California, famoso por ser un imán de turistas estadounidenses y de producciones cinematográficas de Hollywood, padece una crisis en el sector turístico y empresarial por el “cobro de piso”. Lo más delicado es que las extorsiones provienen del personal del Ayuntamiento, según denuncias y testimonios de propietarios de negocios.
Los señalamientos apuntan directamente a la alcaldesa Araceli Brown Figueredo y al regidor Miguel Ángel Moreno Ávila, aquienes envían a inspectores y verificadores a hoteles, bares, restaurantes, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios para cobrar cuotas extraordinarias, las cuales, sobre todo en el sector de bienes raíces, llegan a ser hasta de 10 millones de pesos.
Los casi 700 establecimientos que cuentan en este municipio con permisos para venta, almacenaje y consumo de alcohol son de los más sometidos a estas presiones. Los empresarios denuncian que, en caso de que se nieguen a pagar la cuota solicitada por los representantes del gobierno municipal, reciben una segunda visita de personas que amenazan con afectaciones al establecimiento y clausuras.
Paradójicamente, la administración de Brown Figueredo –reelecta para el periodo 2021-2024– fue la que impulsó la apertura de este tipo de establecimientos comerciales durante su primera etapa de gobierno. De acuerdo con su padrón de licencias, el número de comercios con permiso para venta de alcohol se incrementó en 25%, lo que se estima representó ingresos oficiales para sus arcas de alrededor de 150 millones de pesos.
El artículo 47 del Reglamento que Regula la Venta, Almacenaje y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Playas de Rosarito establece que los permisos deberán someterse a una revalidación anual, por lo que el Ayuntamiento de Brown Figueredo tiene acceso a otra gran fuente de recursos si se considera que los trámites de revalidación llegan a costar a los permisionarios entre 200 mil y un millón de pesos.
Las cifras de recaudación oficial han provocado que el gobierno de Morena en estas playas recurra al cobro informal, lo que ha impactado en el proceso de revalidación de los permisos. Según las cifras de la secretaría general de Gobierno del Ayuntamiento, en el 2021 la revalidación de permisos en el primer semestre del año alcanzaba 30%; para 2022 este porcentaje bajó a 5%.
Araceli Brown fue una de las alcaldesas que impulsó el exgobernador de Baja California y ahora senador de la República por Morena, Jaime Bonilla Valdez. La otra es Montserrat Caballero, en Tijuana. Ambas son alfiles del también empresario en su pugna contra su correligionaria y actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila, por lo que la intervención del gobierno del estado en esta problemática no es sencilla.
El daño de estos actos de corrupción –comunes en otros municipios y sectores económicos durante la administración de Bonilla– afecta a las finanzas municipales y la derrama económica por el turismo en la región, que se calcula en hasta 900 millones de pesos mensuales, según datos del CCE.
Rosarito es un mercado inmobiliario con gran demanda de habitantes de los estados norteamericanos de California y Arizona, quienes buscan comprar en esta zona sus casas de descanso o para rentar en plataformas de hospedaje como Airbnb. A estas personas que invierten sus ahorros también han llegado las extorsiones del gobierno municipal, bajo el argumento de que ofrecen servicios de hotel sin tener los permisos correspondientes.
