La vulneración del sector agroalimentario
JULIO MILLÁN
El 31 de diciembre de 2020, México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que estipula la revocación y prohibición de autorizaciones para el uso del maíz transgénico, mismas que culminarán el 31 de enero de 2024. La medida, que no precisa el tipo o tipos de maíz a los cuales aplica, representa incógnitas sobre la sostenibilidad productiva de la industria agroalimentaria, presiones al alza en el nivel de precios del grano y fricciones crecientes en las relaciones comerciales del país.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) apuntó que la postura del Gobierno Federal de prohibir las importaciones de maíz transgénico reduciría 42.0% del Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario nacional, derivado de los encadenamientos productivos del maíz con la producción de carnes, res, aves y puercos, así como subproductos derivados como la leche y el huevo.
México importa cerca de 40% de sus necesidades totales de maíz. Aunque en el caso del maíz blanco (para el consumo humano), la producción nacional suele ser autosuficiente, existe un gran déficit de maíz amarillo, utilizado primordialmente en los sectores pecuario e industrial. Durante el último ciclo comercial, que abarca de octubre a septiembre de cada año, 74.5% del total de la oferta de maíz amarillo en México fue importada. La falta de claridad en el alcance del decreto no es un tema menor.
Sin una política agroalimentaria ni industrial, los mecanismos a partir de los cuales México pretende subsanar el déficit de oferta de maíz amarillo con producción nacional no son claros. Además, los precios internacionales de referencia han aumentado en los últimos meses, empujando a su vez el precio promedio en México tanto del maíz blanco como del amarillo. La inflación de alimentos y bebidas en noviembre fue de 14.10%, la mayor cifra desde 1999, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La población ocupada en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca es de 7.0 millones de personas en el tercer trimestre de 2022, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Además, el sector contribuye con 3.4% del PIB total del país. La reducción de las importaciones de maíz amarillo supondría riesgos sustantivos para la actividad económica en su conjunto, así como para millones de personas empleadas en ese sector.
El T-MEC es el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos que incorpora disposiciones sobre el uso de biotecnología en el sector agrícola. El no permitir la entrada de maíz genéticamente modificado a partir de 2024 sería una violación directa al tratado. El Secretario de Agricultura de este país ya ha declarado la amenaza que el decreto supone para el comercio, agricultores y consumidores.
Como podría ocurrir con las controversias en el marco de la política energética trilateral, la prohibición de importaciones de maíz transgénico también tiene el potencial de desahogarse en paneles de resolución de controversias, que implica eventuales sanciones arancelarias y comerciales a nuestro país.
México debe erigir una política industrial que promueva el dinamismo y retroalimentación de todos los sectores. Históricamente, el sector agrícola ha sido privado de las recompensas del crecimiento económico, a pesar de ser la fundación de muchas actividades. No podemos permitirnos exponerlo a riesgos, sino que hay que fortalecerlo y protegerlo.
La política económica continúa golpeando la confianza de productores y consumidores y erosionando las relaciones internacionales de México. Se están creando peligros innecesarios que comprometen la sostenibilidad productiva del sector agroalimentario del país, la desaceleración en el aumento de precios que se ha observado recientemente, y la articulación eficiente de los encadenamientos productivos elementales y sensibles de la economía.
