La sucesión en la Corte y los fideicomisos
MARIO MALDONADO
Después de lo que suceda con la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Legislativo, la siguiente decisión más importante para el país es el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo por la importancia que tiene este otro poder, sino porque precisamente muchas de las reformas legales promovidas por Morena y apoyadas por sus partidos aliados terminarán en manos del máximo órgano de justicia.
Decisiones como la de eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y la votación en torno a la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica han molestado a López Obrador, quien ha criticado abiertamente a ministros y ministras que fueron propuestos por su gobierno. Estos choques reavivaron la intención del presidente de reformar el Poder Judicial, sobre todo lo que tiene que ver con su presupuesto y en especial con los fondos y fideicomisos que se resguardan celosamente.
Se trata de 10 fideicomisos y dos fondos institucionales que acumulan más de 20 mil millones de pesos, destinados por acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal a brindar prestaciones a los integrantes del Poder Judicial. El simple monto y objetivos son más que suficientes para considerarse “obscenos” por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su denominada austeridad republicana.
En la forma de administrar estos fideicomisos hay vicios ocultos que los hacen vulnerables a cualquier auditoría interna o externa, sobre todo en un contexto en el que el 2 de enero próximo habrá relevo en la presidencia del máximo órgano de justicia que puede ser presidido por un ministro o ministra de ideología cercana o supeditada a la de López Obrador.
Se trata de cinco fideicomisos en los que la fideicomitente es la propia Corte: el 80687-Remanentes Presupuestales, con mil 279 millones de pesos en la panza hasta el pasado 30 de septiembre; el 80688-Plan de Prestaciones Médicas, de 134 millones; el 80689-Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’S y Otros Proyectos, con 342 millones; el 80690-Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo, con 2 mil 748 millones, y el 80691-Pensiones Complementarias para Mandos Superiores, de 771 millones.
También están otros cuatro instrumentos financieros en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal: el 80692-Fideicomiso pensiones complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados, que contiene 4 mil 405 millones de pesos; el 80693-Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces, con 66 millones; el 80694-Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación –con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, de 64 millones, y el muy importante 80695-Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, con 4 mil 337 millones.
Se suman a esta cartera el Fideicomiso "Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España", dependiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, mejor conocido como Fondo Jurica, que tiene 671 millones de pesos, además del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del CJF, con un saldo de 5 mil 312 millones.
Todos estos montos juntos hacen una bolsa de 20 mil 134 millones de pesos. Una fortuna que, según la Auditoría Superior de la Federación, debió haberse ejercido desde hace muchos años para cumplir con sus objetivos, pero que en el Poder Judicial prefirieron acumular mientras se solventaban las obligaciones con el personal y con el gasto corriente; en algunos casos ni siquiera se solventaban, por ejemplo los 4 mil millones que están atorados en materia de Infraestructura para implementar las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia, o los 5 mil millones de un apoyo a la impartición de justicia que en el último periodo apenas reportó un egreso de 0.1%.
El “guardadito” de la Corte peligra con el próximo relevo del ministro Arturo Zaldívar, sobre todo en un contexto en que el gobierno necesita urgentemente de recursos para sus programas sociales y para terminar sus proyectos de infraestructura.
La carrera –o pelea– por la presidencia de la Corte ya inició. Por el momento son dos los ministros que encabezan las quinielas: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Yasmín Esquivel. El primero daría más certeza en cuanto a la autonomía e independencia de la Corte, mientras que la segunda, la carta del presidente López Obrador, si bien es impulsada por el gobierno, puede ser que no alcance los votos suficientes. La votación entre ambos podría ser tan cerrada y dividiría en dos grupos a la Corte que más bien se optaría por un@ ministr@ más neutral; en este frente de batalla están Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña, en ese orden de posibilidades.
