En vilo, reforma al TFJA; Morena presiona
MARIO MALDONADO
La reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) está cantada, aunque lo más probable es que se patee para el próximo año.
En un gobierno en el que la prioridad máxima es asegurar los triunfos políticos mediante el reparto de dinero, la recaudación tributaria es una tarea que no puede fallar, aunque tenga que recurrirse a los tribunales o a presionar y perseguir judicialmente a los contribuyentes.
Los números dictan que hasta 60% de los recursos que el SAT ingresa a las arcas del Estado provienen de la recaudación secundaria, es decir de auditorías y procesos judiciales que el equipo de Antonio Martínez Dagnino, jefe del organismo recaudador, emprende principalmente contra las grandes empresas.
Así se han recaudado unos 300 mil millones de pesos en el sexenio y la meta para cerrar los dos últimos años de gobierno es alcanzar el medio billón, muy útil para fortalecer los programas del Bienestar y aceitar la maquinaria electoral para la elección presidencial de 2024.
Entre los aliados con los que ha contado el SAT están el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside el magistrado Rafael Anzures, una instancia que ha acompañado con sus resoluciones al organismo recaudatorio y, principalmente, a su otrora titular Raquel Buenrostro.
En esta columna hemos revelado resoluciones de ese Tribunal muy favorables para la hoy secretaria de Economía, en casos como el de los mil millones de pesos de Carmela Azcárraga, emanada de la Segunda Sección de la Sala Superior, que preside la magistrada Zulema Mosri.
El magistrado Anzures se ha mostrado, ya sea por presión o por convicción, alineado con los designios del gobierno del presidente López Obrador. Él permitió y participó en la estrategia con la que Buenrostro y el exprocurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, investigaron y denunciaron a cuatro magistrados del TFJA para tenerlos bajo total control.
No obstante, el escenario parece no tener satisfecha a Raquel Buenrostro, quien todavía maneja los hilos de la recaudación. La otrora “fiscal de hierro” presiona para colocar en la presidencia del Tribunal a su alfil, la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, a través de la modificación de la Ley Orgánica del órgano jurisdiccional.
La minuta que Morena aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados tendrá el mismo camino con los senadores. En resumen, se establece en dichas reformas legales que una magistrada de la Tercera Sección, la especializada en anticorrupción, es quien debe tomar las riendas del órgano.
Natalia Téllez asumiría la presidencia del TFJA a empujones, de la misma forma en que en 2021 llegó a ser magistrada de la sala anticorrupción. Habrá que recordar que reprobó el examen para ser jueza de distrito en materia administrativa y que el Senado ya había rechazado en 2020 su nominación para ocupar el cargo que hoy tiene, por no cumplir con el perfil adecuado.
Enfrente, la delfín de Buenrostro tendrá a un único contrincante, con abolengo y contactos poderosos emanados del gobierno anterior: el magistrado Guillermo Valls Esponda —hijo del exministro de la Suprema Corte, Sergio Valls Hernández—, propuesto para ingresar al Tribunal en 2016 por el propio expresidente Enrique Peña Nieto.
Valls Esponda es una de las últimas apuestas de Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de Peña Nieto, para mantener cierta influencia en este sexenio. Es consciente de que en esta instancia jurisdiccional se dirimen juicios cuyo valor rebasa los 1.5 billones de pesos, y que el control de la misma también tendrá en los próximos meses un gran peso electoral.
