“Miren, miren, no hay nadie. Se convirtió en pueblo fantasma. Somos los únicos que estamos aquí…”.
En un video desgarrador tomado hace unos días, se escucha el llanto de una mujer que muestra las calles vacías de la comisaría Félix Gómez, en Pitiquito, Sonora.
Es un panorama de calles desiertas y casas cerradas, calcinadas por el sol del desierto. La voz explica que el 9 de abril un hombre de 62 años, Manuel Octavio Velázquez Bojórquez, fue sacado de su domicilio por un grupo armado. Desde entonces sus familiares no han vuelto a verlo y que “no van autoridades, nadie ayuda”.
En Félix Gómez no queda nadie. Solo esa familia.
“No nos podemos ir sin él. Volteen para acá, también existimos”, dice la mujer con la voz quebrada.
Sicarios a bordo de “monstruos” arrasaron el pueblo hace unos días. Asaltaron las casas, una a una, y saquearon las tiendas. La gente se fue. Varios días después la Guardia Nacional detuvo a 6 integrantes del grupo criminal, que se habían atrincherado en algunas casas. Tenían armas largas, una ametralladora, varios cargadores.
Manuel Octavio Velázquez no ha aparecido y la comisaría Félix Gómez es uno más de los pueblos fantasma de Sonora, en una parte del desierto en donde el control territorial lo tienen los narcos.
Como Tubutama, Trincheras, Sáric, Altar, Oquitoa, Átil, Caborca y Sonoyta, Pitiquito forma parte de los municipios asolados por el crimen como una forma de controlar el tráfico humano, de drogas y de armas.
La mayor parte de las veces son los propios criminales quienes difunden imágenes atroces de lo que está ocurriendo en esa parte de Sonora, pues muchos periodistas han sido desplazados y otros se han visto obligados a callar para preservar su integridad y porque no tienen en quién confiar.
En marzo de 2022 la pugna entre los grupos criminales, acentuada por las fracturas al interior del Cártel de Sinaloa, llegó a tal punto que alcaldesa de Pitiquito, Janeth Mazón García, llamó a la población a resguardarse en sus domicilios “y a abstenerse de salir a la calle en horario nocturno”.
Desde noviembre de 2020 los alcaldes de Pitiquito y Caborca habían enviado una carta al presidente López Obrador para advertirle de la situación que se vivía en los pueblos del desierto y solicitar su ayuda: “el constante sonido de las detonaciones llena de pánico a la población en general”, escribieron.
La solución fue aumentar la presencia militar, pero, se quejaron los alcaldes, no hubo estrategia “para solventar la situación”.
Ese año la Cruz Roja anunció en un comunicado que suspendería servicios en Caborca y Pitiquito. Un grupo de paramédicos que iba a atender a los heridos de un enfrentamiento fueron perseguidos por el grupo contrario, y despojados de su unidad.
Para fines de noviembre del año pasado muchos pueblos se habían quedado sin policías, ni médicos, ni maestros, ni comerciantes. En Átil, el único policía que seguía activo renunció a fines de 2023. El médico y la enfermera que atendían el único centro de salud, no se presentaron más. En Sásabe, poblado de Sáric, la mayor parte de la población huyó a Estados Unidos.
“No queremos culpables, solo queremos que nos lo regresen vivo o muerto… solo queremos a nuestro familiar de regreso”, le dice llorando al gobernador Alfonso Durazo la mujer que grabó el video en las calles desiertas de la comisaría Félix Gómez.
La Chapiza y sus rivales avanzan, a sangre y fuego, y el gobernador no está. En el estado donde ocurrieron cerca de 1,500 homicidios en 2023, Alfonso Durazo atiende las próximas elecciones, como presidente del Comité Nacional de Morena.
