La retención por varias horas que sufrió el pasado jueves santo el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, junto con el largo interrogatorio del que fue objeto y la cancelación de su visa y la de al menos 13 de sus acompañantes y colaboradores, dista mucho de haber sido una “inspección de rutina”, como sostiene públicamente el edil morenista. Al presidente municipal y a sus acompañantes los interrogaron ocho agentes estadounidenses del CBP, del Homeland Security, de la DEA y del FBI, durante 14 horas en una oficina de la Puerta de entrada de Brownsville, Texas, y tras negarles el acceso a Estados Unidos, les dijeron que no podían ingresar a su país por trabajar en el “Ayuntamiento de Matamoros, que para nuestro gobierno es una organización criminal y terrorista”.
Tanto al alcalde Granados como a sus acompañantes les destruyeron la visa estadunidense frente a ellos y les dijeron que serían detenidos por vincularlos al tráfico de cocaína cometido por Edgar Alejandro Villarreal “La Fresa”, quien fue capturado en ese mismo puente internacional el pasado 8 de febrero en posesión de casi 9 kilos de cocaína. Fue la tercera vez que detenían al “Fresa” y les informaron que hay una investigación a cargo del ICE y Homeland Security, desde diciembre pasado en la que se les vincula.
Al anunciarles la intención de detenerlos, el alcalde Granados pidió su derecho a hacer llamadas y, de acuerdo con fuentes que presenciaron el interrogatorio, el morenista llamó primero a Norberto Barrón Barragán, secretario particular del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y luego al hijo de éste, Américo Villarreal Santiago.
Era la 1 de la tarde del jueves 17 de abril cuando el presidente municipal intentó cruzar por la puerta de entrada de Brownsville y los agentes del CBP, al ver su nombre, como si lo tuvieran enlistado, le pidieron pasar junto con cuatro de sus acompañantes que fueron bajados de sus camionetas y los pasaron a una oficina de la DEA en las instalaciones de dicha entrada. Junto al alcalde Beto Granados iban Daniel Zárate, acompañante y amigo del alcalde; José Jaciel Martínez, director de Comunicación Social del municipio; Israel Vélez, chofer, y Fabián Avalos, secretario particular del presidente, que viajaban con él en los vehículos.
En esa oficina de la DEA, donde es sabido que lo primero que les piden a los que son interrogados es el teléfono celular —que es pasado por un escáner que copia todo su contenido— estuvieron hasta las 3 de la mañana del viernes. Cuando le regresaron el funcionario mexicano su celular le dijeron que había “orden” de no dejarlo pasar ni a él ni a sus acompañantes a Estados Unidos “porque el Ayuntamiento de Matamoros es considerado una organización criminal terrorista”.
Tras los interrogatorios y el anuncio de que serían detenidos, las llamadas que realizó el alcalde morenista surtieron efecto. Desde Ciudad Victoria, del gobierno de Tamaulipas llamaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para avisar que a Granados Favila lo tenían detenido en Brownsville; de la cancillería se comunicaron a Washington para plantear el tema y pedir una explicación y de allá llamaron a las oficinas del CBP para preguntar por la situación del funcionario mexicano.
Cuando del gobierno de Estados Unidos explicaron a la cancillería los motivos de la detención y cancelación de visas al alcalde y a sus 13 acompañantes, los funcionarios del Gobierno mexicano pidieron su liberación y se comprometieron a colaborar en las investigaciones, al tiempo que ofrecieron que tanto Alberto Granados como sus colaboradores serían investigados por el gobierno de México por los presuntos vínculos con delincuencia organizada. Esa fue la razón, según las fuentes internas de agencias estadounidenses, por la que aceptaron liberar al presidente municipal y a sus acompañantes a las 3 de la madrugada y tras haber estado detenidos 14 horas continuas.
Pero luego, el pasado sábado 19 de abril, un día después de la retención y liberación del alcalde, otros funcionarios del municipio de Matamoros que quisieron cruzar por el mismo puente de Brownsville a Estados Unidos también fueron retenidos, se les negó el acceso con el mismo argumento de que colaboraban en el Ayuntamiento de Matamoros “que es una organización terrorista-criminal” y se le cancelaron también sus visas.
Fueron en total 14 funcionarios municipales a los que se les negó acceso y se les destruyó el visado y sólo uno que demostró tener un puesto de segundo nivel y dijo ni siquiera conocer al alcalde Beto Granados, a ese sí le regresaron su visa y lo dejaron pasar al territorio estadounidense.
Fue tal el impacto que tuvo esta detención y cancelación de visas al alcalde morenista y sus acompañantes, que ayer estuvieron en la Secretaría de Gobernación el gobernador de Tamaulipas y el propio presidente municipal, quienes fueron recibidos por la titular de la dependencia para hablar del tema. El lunes al mediodía, en el evento del aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum fustigó a los “vendepatrias” que buscan intervención del gobierno de Donald Trump para resolver el problema del narcotráfico y su violencia desbordada en México.
“Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda en el extranjero para resolver los problemas internos del país”, dijo la mandataria que ayer martes, en su conferencia mañanera, abundó en el tema y acusó al PRIAN y a senadores de la oposición de estar pidiendo que haya una intervención abierta del gobierno de Estados Unidos en los temas de seguridad y corrupción en México.
Lo más grave de todo este asunto es el argumento que, según las fuentes estadounidenses le dieron al presidente municipal y a sus acompañantes para retenerlos, negarles el acceso y destruirles la visa. Si, como les dijeron, para el gobierno de Estados Unidos el ayuntamiento de Matamoros, donde hoy gobierna Morena, es una “organización criminal terrorista”, entonces se está acusando a una parte del Estado mexicano, del que la célula básica es el municipio, de ser también parte de esas organizaciones criminales y terroristas.
¿Será que como se ha publicado y documentado ya en varios espacios, incluido esta columna, las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios y políticos mexicanos ya empezaron a activarse y a surtir efectos como la cancelación de visas y negarles acceso a su país a esos políticos de los que se dice hay una lista de 100 en total entre los que se encuentran gobernadores, senadores, diputados y hasta líderes parlamentarios, además de alcaldes de Morena y de otros partidos que están señalados de tener vínculos de distinto tipo con los cárteles de la droga mexicanos que ya fueron declarados organizaciones terroristas por el presidente Trump?
