Zaldívar y las dos justicias
Por Ricardo Raphael
El año comienza con una de sus mejores nuevas. El nombramiento por cuatro años del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, trasciende la mera sucesión dentro del Poder Judicial.
Su triunfo significa la victoria que privilegia los derechos fundamentales de la persona sobre los intereses del poder y los poderosos.
La trayectoria de Zaldívar durante nueve años dentro de la Corte puede juzgarse a partir de las sentencias en las que su voz ha sido fundamental. Con un arrojo poco visto en la tradición judicial mexicana, los argumentos de este ministro han modelado varios de los casos cruciales del debate constitucional contemporáneo.
Destacan entre ellos los expedientes de Lydia Cacho, la Guardería ABC, Florence Cassez, la legalización en el consumo de la marihuana, la no discriminación y la protección de los derechos de las mujeres.
Su nombre ocupó profusamente las páginas de la discusión pública cuando, en 2010, presentó a sus colegas un proyecto conclusivo a propósito del incendio que quitó la vida a 49 menores en la guardería ABC.
Sus argumentos enfurecieron al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien lo había promovido como ministro un año antes, y es que su proyecto quería señalar, con nombre y apellido, a los funcionarios más encumbrados responsables de aquella tragedia.
Una mayoría de ministros difirió argumentando que la Corte no podía erigirse en “autoridad moral.” Entonces se perdió una oportunidad dorada para combatir de frente los actos de mayor corrupción.
Aquella batalla la perdió Zaldívar y también la Corte, que después de ese episodio renunció a defender la facultad que esa institución tenía para investigar violaciones graves de derechos humanos.
Tres años después, el ahora presidente de la Corte volvió a mostrar de qué estaba hecho cuando redactó el proyecto de sentencia de amparo que liberó a Florence Cassez.
Todavía vibra el argumento presentado por el ministro cuando dijo: “Producto de una escenificación ajena a la realidad se produjo un efecto corruptor en la totalidad del proceso (y) sus resultados.”
La de Florence Cassez fue una sentencia polémica y probablemente mal comprendida por la mayor parte de la opinión pública; no obstante, se trató de una victoria fundamental de la Constitución a favor del debido proceso, así como del derecho a la presunción de inocencia.
Tan llamativo como los dos casos anteriores fue el razonamiento que Zaldívar ofreció en 2014 para despenalizar el consumo de marihuana. Ahí decidió atacar el corazón mismo de la política prohibicionista porque, según su entendimiento, ésta “limita indebidamente los derechos fundamentales a la identidad…, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación.”
Con este proyecto comenzó en México a modificarse un paradigma que, desde antes de la Segunda Guerra, imperó en nuestro país para permitir que el gobierno interviniera en la soberanía del individuo cuando éste decide consumir sustancias que alteran su conciencia.
De haberse retirado el día de ayer de la Corte, el legado de Zaldívar en la historia constitucional mexicana habría sido ya invaluable; pero muy probablemente durante los próximos cuatro años dejará sus mejores aportes.
Al tomar posesión, en un breve discurso resumió los criterios de su actuación por venir: declaró que, tal como lo ha hecho durante los últimos nueve años, conduciría su presidencia defendiendo el principio de la independencia judicial; sin embargo, advirtió que esa independencia no le impediría dialogar y colaborar dignamente con otros poderes.
Reconoció también que el Judicial atraviesa por una crisis de credibilidad, porque sus instituciones se perciben distantes de la gente. Remató abrazando con solidaridad a los jueces federales, en quienes reconoció la principal fortaleza de la Justicia.
ZOOM: El principal desafío de Zaldívar será conducir una reforma para que la Justicia de las leyes y la Justicia que espera la ciudadanía dejen, en México, de estar apartadas por el abismo de la arrogancia que caracteriza a los operadores del derecho.
