Iris Román
Tuxpan
La Policía Vial de Tuxpan ha sido oficialmente disuelta, y luego de que múltiples denuncias ciudadanas evidenciaran su ilegalidad y abusos. Creada en 2024 sin la aprobación del cabildo municipal ni sustento en el Reglamento de Policía y Tránsito de Tuxpan, esta corporación operaba de manera irregular y generaba desconfianza entre la población.
Desde su formación, la Policía Vial fue señalada por su uso indebido de la autoridad, la falta de capacitación de sus elementos y la ausencia de normativas que legitimaran sus acciones. En lugar de cumplir con su supuesto objetivo de regular el tránsito y garantizar la seguridad vial, se convirtió en una corporación que operaba al margen de la ley, imponiendo multas sin validez y estableciendo retenes ilegales.
Uno de los principales argumentos en contra de la Policía Vial de Tuxpan era su inexistencia dentro del marco normativo municipal.
Según el Libro Segundo, Capítulo Primero, Artículo 12, Apartado B, del Reglamento de Policía y Tránsito Municipal de Tuxpan, no existe mención alguna sobre la figura de la Policía Vial. Del mismo modo, en el Libro Tercero, Capítulo Primero, Artículo 29, tampoco se hace referencia a esta corporación.
Más aún, el Artículo 178 establece que únicamente los Agentes de Tránsito pueden sancionar a los ciudadanos, sin mencionar en ningún momento a una Policía Vial con facultades para infraccionar.
Esto demuestra que la creación de este cuerpo de vigilancia, impulsada durante la administración del exalcalde José Manuel Pozos Castro, fue completamente irregular y no contó con la validación del cabildo ni con una reforma al reglamento que justificara su existencia. Para que esta corporación tuviera sustento legal, se requería modificar el reglamento, aprobarlo en sesión de cabildo y publicarlo en la Gaceta Oficial de Veracruz, algo que nunca ocurrió.
Cabe destacar que la última modificación al reglamento de tránsito se realizó en 2018, durante la administración del entonces alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, lo que confirma que la Policía Vial operaba sin ninguna base jurídica que la respaldara.
Además de su falta de sustento legal, lo que más preocupó a la ciudadanía tuxpeña fueron las constantes denuncias por corrupción y abuso de autoridad.
Numerosos ciudadanos reportaron que los elementos de la Policía Vial establecían retenes ilegales en diferentes puntos de la ciudad y en las entradas del puerto, bajo el pretexto de operativos de alcoholímetro. Sin embargo, en lugar de realizar procedimientos legítimos, los oficiales extorsionaban a los conductores, exigiendo pagos de entre 300 y 2,000 pesos para evitar sanciones inexistentes o supuestas faltas administrativas.
Además, se comprobó que algunos de los agentes de la Policía Vial ni siquiera contaban con licencia de conducir, carecían de reglamentos actualizados y utilizaban folios de infracción sin validez legal. Esto evidenció que no estaban capacitados ni facultados para desempeñar funciones de tránsito y que su verdadero propósito era el cobro indebido a los ciudadanos.
El descontrol y la falta de supervisión generaron fuertes críticas hacia el gobierno municipal, pero no fue hasta ahora que se encuentra al frente de la administración municipal Jesús Fomperoza Torres, quién no continúo solapando estas irregularidades.
Tras su disolución, los 14 elementos que actualmente conformaban la Policía Vial fueron reasignados a sus dependencias de origen: algunos regresaron a la Policía Municipal, mientras que otros fueron reubicados en Tránsito Municipal.
En cuanto al equipo que utilizaban, las motocicletas fueron divididas entre las dos corporaciones: la mitad pasó a Tránsito y la otra mitad quedó bajo control de la Policía Municipal.
Por otro lado, el armamento que portaban los elementos de la Policía Vial fue asegurado y quedó en resguardo de la Policía Municipal, eliminando así cualquier riesgo de que fuera utilizado de manera indebida.
Con la desaparición de la Policía Vial de Tuxpan, los ciudadanos esperan que se restablezca el orden y la legalidad en la regulación del tránsito en la ciudad. Esta situación dejó en evidencia el abuso de poder y la falta de transparencia con la que operó esta corporación desde su creación, convirtiéndose en una advertencia para que las autoridades municipales actúen con responsabilidad y dentro del marco legal en futuras decisiones.
