Omar García Harfuch es el secretario de Estado con el mayor reto dentro de la administración de Claudia Sheinbaum –el de pacificar el país–, pero a su vez, es quizá el funcionario de mayor confianza de la presidenta, quien este lunes lo designó como el encargado de liderar las reuniones de seguridad con Estados Unidos.
Previo al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato, García Harfuch ya tenía relación con funcionarios de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la cual se estrechó durante la transición con parte del gabinete de seguridad, una vez que se confirmó el triunfo del empresario y político republicano.
Muy a la callada, el hombre de todas las confianzas de Sheinbaum, se fue relacionando en las áreas de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, en conjunto con los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales. También con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Se habla incluso de viajes a Estados Unidos para reunirse con algunos de los funcionarios clave.
Buena parte de esa operación tuvo que ver con la aprobación para que 10 marines de Estados Unidos ingresen a México para capacitar a elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, lo cual forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Ahora, en sus viajes oficiales, García Harfuch habrá de verse las caras y negociar con los duros funcionarios del gabinete de Seguridad de Trump, como Michael Waltz, consejero de Seguridad Nacional; Tom Homan, zar de la frontera; Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional; Kash Patel, director del FBI; John Ratcliffe, director de la CIA; y Terry Cole, director de la DEA.
En dichas reuniones se discutirán los temas que más preocupan a ambas naciones: el tráfico de drogas y de armas de fuego. Se habla de que también estará sobre la mesa la clasificación de los grupos criminales del país como Organizaciones Criminales Foráneas, simplemente porque las empresas de Estados Unidos, llámense armerías, bancos o cualquier otra que tenga relación con los cárteles mexicanos, sufrirían las consecuencias de una designación como ésta.
Probablemente no se había visto tanto interés de ambos países por una reunión de este tipo desde los tiempos de la Iniciativa Mérida, aquella que se impulsó durante el gobierno de Felipe Calderón y que consistió en una serie de proyectos de asistencia desde los Estados Unidos para fortalecer la lucha antidrogas en México.
De acuerdo con datos de la Casa Blanca, desde el inicio del programa, en 2008, y hasta 2020, los Estados Unidos asignaron más de 3 mil 200 millones de dólares en equipo, capacitación y apoyo al desarrollo de capacidades operativas de los cuerpos de seguridad. El gobierno priista de Enrique Peña Nieto adoptó la iniciativa y la institucionalizó a través de una reforma judicial.
Trump impulsó la Iniciativa Mérida durante su primer gobierno, en 2017. El asunto fue que, al expandirse desde el ámbito del combate al trasiego de drogas y los centros de producción, despertó la sospecha de intenciones intervencionistas, lo que terminó por echar por tierra la cooperación en materia de seguridad con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno. El tiro de gracia a estos proyectos bilaterales fue la detención del general Salvador Cienfuegos, el 15 de octubre de 2020, en el Aeropuerto Internacional de los Ángeles, acusado de lavar dinero y de presuntos vínculos con el narcotráfico.
El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la Iniciativa Mérida fue un desastre, con resultados como el aumento en los niveles de consumo y en los índices de la violencia. Los números, al parecer, le dan razón, pues de 2015 a 2020 el número de muertes violentas aumentaron en alrededor de 40%, pero el índice sigue creciendo exponencialmente, con la incursión del fentanilo, por lo que otra vez se hace necesaria la cooperación, en el contexto de las amenazas comerciales de Trump.
Por otro lado, la ayuda del gobierno mexicano también es indispensable, porque las cifras indican que las muertes por sobredosis en Estados Unidos crecieron al 100% durante los mismos cinco años. Así que la presión social sobre Donald Trump también es extrema.
