La presidenta y más particularmente su director de la Agencia de Transformación Digital (ATD), José Merino, avizoraron desde el inicio de la administración una nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para fortalecer la participación y recaudación del Estado mexicano en dicho sector.
A inicios de febrero pasado, en este espacio se anticipó que, con el aval de la Presidenta, Morena avanzaba en la redacción de esta ley, que más bien planteaba modificaciones a la que está vigente y buscaba ajustarse a los cambios constitucionales aprobados en el Congreso de la Unión a finales del año pasado, con los que se decretó, entre muchas cosas más, la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Originalmente la iniciativa iba a presentarse en la Cámara de Diputados, por lo que la bancada encabezada por el coordinador Ricardo Monreal tuvo vista de la misma; sin embargo, algo cambió en estos meses y ahora la Presidenta decidió mandarla al Senado, para que sea el coordinador Adán Augusto López quien la cabildeé y la pase fast track. Todo indica que, para este tipo de trabajos, Sheinbaum –quien no confía ni aprueba plenamente la forma en la que el tabasqueño se ha manejado dentro y fuera de la Cámara–, prefiere entregarle la responsabilidad a quien desde hace tiempo tiene nula relación con los medios de comunicación –y, por el contrario, sí arrastra varios pleitos, por lo que no le vendría mal una especie de venganza–, a diferencia de Monreal que tiene relaciones con todos.
El caso es que la ‘nueva’ Ley Telecomunicaciones incluye varios temas que son preocupantes para la libertad de expresión, la viabilidad de los radiodifusores y operadores de telecomunicaciones y, por el contrario, le otorga discrecionalmente mucho poder al Estado, empezando por la ATD y el nuevo órgano descentralizado de la Secretaría de Economía que regulará la competencia efectiva en el sector.
En el artículo 4, fracción novena, se plantea la autorización de transmitir publicidad a concesionarios sociales, comunitarios e indígenas, en detrimento de radiodifusores comerciales privados, que pagan por las concesiones y se mantienen de la venta de publicidad.
En los artículos 56 a 58, se concede la facultad al Estado para otorgar directamente porciones de espectro para uso comercial a entes públicos, como CFE Telecom y Altan Redes, de manera que puedan ofrecer servicios de internet en cualquier lugar, lo cual impactará a empresas como Telcel, AT&T y a los operadores móviles virtuales.
En el artículo 103 se habla de la obligación de soterrar infraestructura, ductos y cables conforme a los lineamientos de la Agencia de Transformación Digital, lo cual podría afectar a las telecomunicaciones fijas y móviles al sujetarlas a acciones unilaterales y discrecionales. Por otro lado, los costos del soterramiento impactarían en los precios al consumidor final.
El artículo 109 permite a la ATD el bloqueo de plataformas digitales por incumplimiento de "normativas". Esto podría significar un grave atentado a la libertad de expresión, pues da lugar a una censura previa o absoluta. Las "normativas" pueden ser de cualquier tipo: leyes, reglamentos, decretos, circulares, lo que da pie a la discrecionalidad y arbitrariedad.
El artículo 210 refiere la prohibición a concesionarios de radiodifusión y a plataformas digitales de incluir contenidos de gobiernos extranjeros que influyan en asuntos internos de México. El artículo 276 sanciona con hasta el 5% de los ingresos de los radiodifusores o de las plataformas digitales, además del posible retiro de la concesión.
El artículo 234 devuelve a la ATD las facultades para dictar la regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes, contradiciendo la reforma constitucional de noviembre pasado que le dio esta facultad a la nueva autoridad de competencia de la Secretaría de Economía (SE), que encabeza Marcelo Ebrard.
El párrafo final del artículo 234 indica que las obligaciones de preponderancia se extinguirán cuando la autoridad de la SE considere que hay condiciones de competencia efectiva en cualquier mercado.
