BASTA DE INTENTAR convertir en víctima a quien enfrenta un proceso penal. Basta de fabricar héroes donde existen señalamientos graves. La opinión pública merece conocer la verdad de los hechos, y no sólo la narrativa cuidadosamente construida para generar simpatía.
Aquí no se está juzgando una trayectoria profesional de una abogada. Lo que está en discusión es un caso concreto y una conducta específica.
La postura de Grupo Herdez es clara: la abogada Irene León Escamilla promovió una demanda representando a una persona, Alfredo Jorge Colín Huerta, que fue presentada como exdirector general de la empresa, cuando este último jamás trabajó en dicha compañía.
Y asimismo León Escamilla sabía perfectamente que su “cliente”, cómplice en la vida real, nunca ocupó ese cargo ni laboró como director general del conglomerado fundado por don Enrique Hernández-Pons.
Pero a pesar de ello, el procedimiento continuó.
De acuerdo con esa versión, ese actuar permitió que se embargara una cuenta concentradora por más de 700 millones de pesos y que, incluso, se intentara afectar una planta de la compañía.
Posteriormente, esos recursos fueron recuperados por la empresa que dirige Héctor Hernández-Pons Torres.
Sin embargo, Grupo Herdez sostiene que el expediente contiene abundantes elementos de prueba que respaldan su postura, incluyendo declaraciones rendidas dentro del propio procedimiento por la propia Irene, donde reconoce que todo es un fraude, pero que lo hizo obligada por su jefe.
Por eso resulta inaceptable que hoy se pretenda reescribir la historia mediante campañas mediáticas que presentan este asunto como una persecución contra una profesionista ejemplar.
Cada quien es libre de expresar su opinión, pero no de sustituir los hechos por propaganda.
Quienes hoy intentan convertir este caso en una causa de victimización deberían explicar primero qué ocurrió dentro del expediente y responder a los señalamientos que ahí obran. Porque una estrategia en redes sociales jamás sustituirá lo que consta en un proceso judicial.
La presión mediática no cambia los expedientes. La propaganda no sustituye las pruebas. Y ninguna campaña de imagen puede borrar lo que, en su momento, determinen las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de Justicia de la CDMX de Bertha Alcalde.
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES, como Telmex, Megacable y Totalplay, enfrentan una controversia con el ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, encabezado por la morenista Guadalupe López González, debido a la imposición de millonarias sanciones por infraestructura instalada en postes de la CFE. De acuerdo con las compañías afectadas, las multas superan los mil 500 millones de pesos y estarían sustentadas en facultades que corresponden al ámbito federal. El caso ha escalado por denuncias de presuntas irregularidades en los procedimientos municipales y por el corte de cableado que dejó sin servicio a algunos usuarios. Además, se señala la participación de un intermediario que habría ofrecido reducciones a las sanciones originalmente impuestas. La disputa ya llegó al ámbito legislativo, donde el diputado Mario Zamora promovió un Punto de Acuerdo para revisar la legalidad de las acciones del municipio. El conflicto podría resolverse en tribunales federales debido a las implicaciones regulatorias en materia de telecomunicaciones.
LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Hugo Aguilar, estableció un nuevo criterio obligatorio sobre las indemnizaciones por presuntas actuaciones indebidas del Ministerio Público. A partir de esta resolución, quienes busquen una reparación por daños causados por fiscalías deberán recurrir a la vía administrativa y no a la civil. El criterio fue aprobado por el Pleno de la Corte y publicado como jurisprudencia de aplicación obligatoria. La decisión surge de un caso relacionado con una investigación penal que presuntamente causó afectaciones a un ciudadano. Según la SCJN, las actuaciones del Ministerio Público forman parte de una función pública del Estado. Por ello, las reclamaciones deberán tramitarse bajo el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. La resolución redefine el camino legal para este tipo de demandas.
LA PRESIDENTA CLAUDIA Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un informe detallado sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, después de que surgieran nuevas versiones periodísticas que cuestionan cómo ocurrió la operación. La mandataria explicó que en la presentación también participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lleva Roberto Velasco, y la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. El objetivo es reconstruir la cronología de los hechos y esclarecer la actuación de las autoridades involucradas. Sheinbaum señaló que el caso tiene relevancia tanto por tratarse de uno de los principales líderes del narcotráfico como por sus implicaciones para la soberanía nacional. También destacó la importancia de aclarar los señalamientos sobre una posible participación de agencias estadounidenses. La mandataria sostuvo que el esclarecimiento de este caso es fundamental para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Y YA QUE mencionamos a la institución que dirige Ernestina Godoy, le cuento que mantiene una investigación por presunto fraude fiscal contra una red de empresas proveedoras de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con las indagatorias, estas compañías habrían obtenido contratos por alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos para el suministro de uniformes, telas, maquinaria, armamento e insumos militares. La investigación surgió a partir de auditorías del SAT, que detectaron presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos con empresas fantasma. Entre las irregularidades identificadas figura un posible sobreprecio de más de 175 millones de pesos en uno de los contratos revisados. La FGR ya ejerció acción penal contra uno de los empresarios presuntamente vinculados a la red. Según las autoridades, varias de las compañías involucradas registraron un crecimiento importante en contratos gubernamentales durante los últimos años. Tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como tribunales colegiados han confirmado algunos de los créditos fiscales determinados por el SAT .
